Por asesinato de gobernadora indígena, Procuraduría comenzó acciones preventivas

La Procuraduría comenzó las acciones preventivas frente al asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, ocurrido cuando fue víctima de un atentado que acabó con su vida.

Las acciones del Ministerio Público están encaminadas a verificar las afirmaciones hechas por las comunidades indígenas del departamento del Cauca sobre presuntas omisiones, por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ante el riesgo en que se encontraba la mandataria ancestral.

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Peña era la gobernadora del resguardo La Laguna, de Siberia en el municipio de Caldono (Cauca) y había denunciado el incremento de cultivos ilícitos de coca en el departamento.

Según las primeras informaciones, ella tenía previsto viajar a Popayán para reunirse con el Gobierno y al parecer denunciar formalmente esa situación, pero fue abordada por hombres que le dispararon, a la entrada de una vereda, ubicada en el corregimiento de El Pescador.

La Procuraduría informó que tras el homicidio de la gobernadora, integrantes y autoridades del resguardo denunciaron las supuestas compras de predios en algunas veredas de Caldono, aledañas a los territorios indígenas, con el fin de sembrar cultivos para uso ilícito.

Dichas denuncias se dieron a conocer en medio de la comisión mixta entre el Gobierno Nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

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Tras el homicidio de la gobernadora, el Consejo emitió un comunicado a través de su página principal de internet en el que rechazaron los hechos y exigieron justicia

“Nos permitimos comunicar que no aceptamos que nos sigan asesinando (…) Estos hechos de violencia que afectan a nuestras comunidades crecen día a día en el contexto informativo, por ejemplo, se da cuenta del asesinato permanente de nuestros líderes y comuneros, de las amenazas constantes a la vida de quienes defienden el territorio”, se indicó.

Frente a esta situación, la Procuraduría anunció que apoyó la solicitud del alcalde de Caldono, José Vicente Otero, y de las autoridades indígenas, de realizar consejo de seguridad urgente para evaluar la problemática en el municipio.