Procuraduría abre investigación por cartel de robo de energía en Emcali
El cartel estaría conformado por funcionarios activos, exfuncionarios y contratistas de Emcali.
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Tras una denuncia pública sobre un presunto cartel de robo de energía liderado por funcionarios activos, exfuncionarios y contratistas de las Empresas Municipales de Cali que le estaría generando $50mil millones diarios en pérdidas para la empresa, la Procuraduría General anunció investigación para establecer a los responsables.
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Según el ente de control, los integrantes del presunto cartel, alteran con dispositivos electrónicos, los contadores de energía de grandes empresas, moteles y residencias de lujo, entre otros, para reducir ostensiblemente el consumo de energía eléctrica, por lo cual cobran cuotas mensuales a sus dueños que se calculan en al menos $6.000 millones.
"Hemos recibido testimonios y acopiado otras diligencias que permitirían afirmar que las irregularidades que se han registrado por diferentes medios de comunicación son ciertas. Existen varias irregularidades en el control, la instalación y funcionamiento de medidores de energía con posible afectación o beneficios a algunos usuarios. En efecto existen unas organizaciones llamadas carteles", manifestó el Procurador delegado para la Vigilancia Administrativa, John Harvey Pinzón.
Roberto Ortiz, concejal por el estatuto de oposición en Cali manifestó que había denunciado la existencia de 11 carteles dentro de Emcali desde el pasado 30 de mayo.
“Son más de mil predios entre instituciones educativas, empresas sociales del estado, asentamientos subnormales y particulares que se estarían robando la energía desde 2018. La suma supera los $50 mil millones”, afirmó el concejal.
El equipo, liderado por el procurador Pinzón, con el apoyo de la directora nacional de Investigaciones Especiales, Lucila Vidal, hizo presencia durante dos días en las instalaciones de Emcali para recaudar todas las pruebas documentales, testimonios clave y evidencias en terreno sobre la comisión de estas irregularidades.
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Con las pruebas recaudadas, el Ministerio Público procederá a identificar posibles responsables de los hechos para dar continuidad al proceso disciplinario.