Procuraduría advierte conflicto de intereses por gremios en Finagro y CNCA
La Procuraduria dice que representantes del gremio no deberían hacer parte de esas entidades.
En medio del escándalo por las presuntas irregularidades que se estarían presentando en la entrega de créditos para campesinos con el fin de sobrellevar la crisis por el COVID-19, la Procuraduria cuestionó que representantes del gremio hagan parte de la Comisión Nacional de crédito Agropecuario (Cnca) y de Finagro.
Mientras que la Comisión se encarga de la política de créditos para el agro y regula todos los aspectos para acceder a los recursos, Finagro aprueba los reglamentos de crédito.
Según un informe de la Procuraduría, en la Comisión hace parte el presidente de la sociedad de agricultores de Colombia (SAC) Jorge Enrique Bedoya Vizcaya; mientras que en Finagro hace parte Jorge Félix Lafaurie de Fedegan.
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Para la Procuraduria sería claro que habría un conflicto de intereses, “llama la atención que las mismas personas representen a los particulares en dos órganos supuestamente independientes”, aunque “el Presidente de Finagro asiste con voz pero sin voto”.
En un análisis preliminar a la línea especial de crédito (LEC) Colombia Agro Produce (CAP) de Finagro, usada para otorgar créditos al campesino y en medio de la pandemia, el Ministerio Público dice que no debería existir ese tipo de participación.
“Luego es incoherente y posiblemente implica un conflicto de intereses que quienes representan a algunos de los posibles beneficiarios del crédito agropecuario participen en la regulación del acceso al mismo, puesto que esto les permitiría adoptar determinaciones que favorecieran a los sectores de los que proceden”, dice la Procuraduria en su análisis.
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Lo que también dice la Procuraduria es que la situación en la Comisión sería grave porque la ley no obliga que los representantes del presidente en esa entidad sean de gremios o sectores productivos, solo que “fueran estudiosos del sector agropecuario, pero no representantes ni agentes de ese sector”.
Lo que propuso la Procuraduria en el análisis es que el Presidente nombre a expertos del sector y no miembros de gremios y que el Congreso modifique la ley y 16 de 1990 para que la Junta Directiva de Finagro no la integren dirigentes gremiales.