Procuraduría busca irregularidades en la Secretaría de Comunicaciones de Medellín

La Procuraduría General de la Nación realiza inspección disciplinaria en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, en el marco de una investigación que adelantan por presuntas irregularidades en contratación en esa dependencia registradas en el 2023, durante la administración de Daniel Quintero. 

De acuerdo con la Procuraduría, este proceso está relacionado con la firma y ejecución de un contrato suscrito en febrero de 2023 entre esa Secretaría y la Universidad Nacional sede Medellín, por un poco más de 9.000 millones de pesos, para apoyar estrategias de comunicación en la capital antioqueña. 

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En esta diligencia participan funcionarios de la Tercera Delegada para la Contratación Estatal y de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, para ''buscar, recolectar y preservar pruebas'' dentro del proceso disciplinario.

Por ello, según fuentes confiables, en estas oficinas han revisado computadores, cuentas de correo institucionales y han solicitado claves para revisar los archivos relacionados con el convenio con la Universidad Nacional. 

Cabe mencionar que en esta investigación disciplinaria está vinculada Mónica María Orrego, la entonces secretaria de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín para la fecha en la que ocurrieron los hechos. Adicionalmente, están relacionados Juan José Aux Trujillo, el exjefe de esa dependencia, y el profesional universitario Juan Carlos Gómez. 

Estos son investigados para determinar si el contrato firmado fue utilizado para favorecer intereses particulares y apoyar campañas de candidatos a la Alcaldía y al Concejo de Medellín para las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023.

Asimismo, la Procuraduría General de la Nación busca establecer si la Administración Distrital de ese entonces desconoció las modalidades de selección, ya que contrató de manera directa a la Universidad Nacional a través de un contrato interadministrativo, que es una figura excepcional. 

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En cuanto a la Universidad Nacional, el ente del Ministerio Público también pretende determinar si esta institución de educación superior tenía la capacidad suficiente para ejecutar los trabajos, pues ''a noviembre pasado había tenido que suscribir 280 contratos de prestación de servicios para efectuar las actividades que le correspondían''.