Procuraduría pide a la Corte Constitucional mantener los pactos colectivos

La Procuraduría pidió a la Corte Constitucional dejar en firme la figura de los pactos colectivos que está contemplada en las leyes laborales, en el marco de una demanda que fue presentada, entre otros, por el viceministro de relaciones laborales, Edwin Palma. 

El organismo entregó su concepto sobre este caso, en el que explicó que los pactos colectivos son la manera perfecta que tienen los trabajadores no sindicalizados para que busquen la protección de sus intereses y derechos laborales en mutuo acuerdo con el empleador. 

“Los pactos colectivos son necesarios, porque, ante el reconocimiento constitucional de la faceta negativa de la libertad de asociación, el legislador debe ordenar una modalidad de negociación colectiva que permita a los trabajadores no sindicalizados gestionar sus intereses laborales ante el empleador”, menciona el concepto. 

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Recalcan que este tipo de negociación permite que los trabajadores no sindicalizados puedan resolver los conflictos con la empresa, accediendo a condiciones similares que las de los empleados que están agremiados en sindicatos. 

“Constituyen un mecanismo de negociación apto para que los trabajadores no sindicalizados solucionen los conflictos colectivos laborales con la empresa, bajo condiciones similares a las que tienen los empleados que se encuentran afiliados a organizaciones sindicales”, afirma el documento. 

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La Procuraduría resalta que los pactos colectivos no deben ser declarados inconstitucionales, debido a que son una manifestación que consideran legítima para armonizar los derechos entre los grupos sindicales y las asociaciones colectivas de cada empresa. 

“Constituyen una manifestación legítima de la libertad de configuración del legislador en materia laboral, que busca armonizar razonablemente los derechos a la asociación sindical y a la negociación colectiva”, concluye el organismo. 

El tribunal deberá estudiar estos argumentos junto con los demás conceptos de las grupos sindicales que han entregado sus intervenciones a la corte para definir si los pactos colectivos deben seguir en firme.