Sindicato de Avianca denuncia nuevas amenazas de muerte

La Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), dio a conocer que han llegado nuevas amenazas de muerte contra el sindicato de Avianca, así como a sus familias.  

El sindicato informó que, en los últimos días, las familias tanto de los directivos de la Asociación como de su abogada Claudia Mora Niño, han recibido estas amenazas.  

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Acdac explicó que las nuevas amenazas, al igual que las recibidas desde hace tiempo y de manera persistente, han sido puestas en conocimiento de las autoridades competentes, y se incrementan siempre que se acercan las fechas de las audiencias por las interceptaciones ilegales hechas a la Asociación de Pilotos.  

El pasado viernes cuatro de junio, en el marco de la audiencia que se adelanta por la investigación en contra del representante de Berkeley Research Group (BRG), la abogada de la Asociación volvió a dejar constancia de estas nuevas amenazas que en su caso particular han dicho expresamente que le dan 24 horas de vida, así como sobre la extensión de las amenazas a sus hijos y a los hijos de los pilotos.  

Ante las continuas intimidaciones, los pilotos colombianos representados en Acdac rechazaron categóricamente la intimidación a las que están siendo sometidos varios miembros de la Asociación, su abogada y sus familias.  

Asimismo, hicieron un nuevo llamado a las autoridades para que se haga urgente y efectiva la protección a su derecho a la vida, y para que avancen de manera contundente en la identificación de los responsables de estas amenazas. 

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Cabe recordar que en marzo pasado, la jueza 79 de control de garantías de Bogotá ordenó dejar en libertad, por vencimiento de términos, al exdirector de Inteligencia del DAS, Laude José Fernández Arroyo, procesado por su presunta responsabilidad en las 'chuzadas' al sindicato de Avianca.  

La jueza no aceptó la petición de la Fiscalía General para ampliar los términos de la medida de aseguramiento a 240 días. 

El exrepresentante legal de la empresa BRG en Colombia enfrenta un proceso penal por las ‘chuzadas’ que se habrían hecho desde la plataforma 'Esperanza' de la Fiscalía General para interceptar comunicaciones.