Superintendente de Transporte aseguró que el proyecto de ley nunca ha prohibido las plataformas

La superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, en diálogo con RCN Radio/La FM, confirmó que el proyecto de ley que incrementará sanciones a plataformas y conductores, busca regular este tipo de aplicaciones más no eliminarlas.

“Recogimos aquellas observaciones de proyectos de ley anteriores relacionados, hicimos un inventario de todos los problemas en cuanto al cumplimiento de la norma y con todo un equipo jurídico se dio a conocer la primera versión”,  sostuvo Ospina.

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Asimismo, aclaró que en este documento no se ha prohibido el uso de plataformas móviles para los usuarios, sino que se regula la prestación de este tipo de servicios.

“Nunca el proyecto de ley ha prohibido las plataformas, hay unos mensajes equivocados a través de las redes. El proyecto de ley nunca ha pretendido ni regular, ni proteger las plataformas, reconocemos que son un aliado para cumplir los objetivos en calidad de Transporte”,  afirmó la superintendente.

La Superintendente, dijo además que en la ley se enmarca la inmovilización de los vehículos particulares que prestan este tipo de servicios que se consideran de carácter público e indicó que este punto no es un tema nuevo.

“Yo no me estoy inventando una inmovilización nueva,  ni mucho menos, aquí lo que estamos simplemente es estableciendo y tratando de dar unos criterios claros de cómo se debe cumplir la función de inspección, control y vigilancia”, sostuvo Ayda Lucy Ospina.

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En ese mismo sentido, destacó que lo que se busca desde el Gobierno Nacional, es responder a unas solicitudes que venían desde hace tiempo atrás. Así como hacer un enfoque en el sentido de definir cómo hacer cumplir las leyes que están vigentes.

En cuanto a la regulación de la prestación del servicio por parte de vehículos particulares, la superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, detalló que esta decisión dependería del Congreso de la República de acuerdo con un cambio estructural en la política pública del transporte, siempre y cuando no se vulnere con la ley los derechos constitucionales.