Uspec no prestará más el servicio de alimentación en centros transitorios

Entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría han alertado una posible crisis para los detenidos en estaciones de Policía, URI y Centros de Detención Transitorios de todo el país tras conocer que la Unidad de Servicio Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) pondrá fin al contrato de servicio de alimentación a partir 31 de julio. 

El director encargado de la Uspec, Ludwing Joel Valero, aseguró que esa decisión no se tomó arbitrariamente, sino acatando lo ordenado por la Corte Constitucional.  

“Han sido reiterados por fallos judiciales y que en la unificación jurisprudencial que realizó la Corte Constitucional con la sentencia de SEU-122 de marzo de 2022 nos dijo cuáles eran las competencias y le dijo a los alcaldes y directores de entes territoriales, que en cuatro meses deberían cumplir sus obligaciones con las personas privadas de la libertad, tanto en salud, en alimentación y en infraestructura”, explicó Valero.  

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La Procuraduría solicitó a los gobernadores y alcaldes poner más atención a esta situación, pues la entidad anunció la finalización de este acuerdo, en el marco del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, en la que declaró el estado de cosas inconstitucionales en los centros carcelarios a nivel nacional. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo entregó varias recomendaciones para que sean garantizados los derechos de las personas privadas de la libertad y se evite así una emergencia sin precedentes.

Incluso, al Ministerio de Justicia le solicitaron que convoque de manera inmediata una mesa de alto nivel para que se adopte un plan de contingencia.    

"Invitamos a los actuales mandatarios, a que si bien estamos sobre el tiempo y sabiendo que no tenemos los recursos suficientes, hay que hacer un esfuerzo conjunto entre todos y comenzar a cumplir la ley, porque hay ejemplos de cumplimiento, no pleno, pero sí parcial, de algunos alcaldes y gobernadores", destacó el director (e) de la Uspec. 

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De no halar una solución más de 17.000 personas se verían afectados por el servicio de alimentación.