Continuidad en la gerencia del Banco de la República depende de la Corte Constitucional
La Sala Plena estudia una demanda sobre la edad de retiro forzoso para quienes desempeñan funciones púlicas.
La decisión que podría tomar la Corte Constitucional sobre una demanda contra la Ley 1821 de 2016 de retiro forzoso para funcionarios públicos cuando cumplan 70 años, podría ser clave para determinar el futuro de la gerencia del Banco de la República.
La demanda dice que el Congreso incurrió en una “omisión legislativa en el inciso segundo de la norma demandada que conduce a su inconstitucionalidad”, por no incluir a los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República dentro de las excepciones a la aplicación de la edad de retiro forzoso de quienes desempeñan funciones públicas.
De esa manera, la demanda plantea que la ley podría poner en riesgo la independencia del Banco pues en caso de retiro forzoso, podría quedar en manos del Gobierno la elección del nuevo gerente del emisor.
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La decisión de la Corte se conocería en un momento en que el actual gerente del Banco Juan José Echavarría, cumplirá 70 años, pero debe ser reelegido en enero de 2021 para un nuevo periodo de cuatro años.
Se rumora que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, podría aspirar a la gerencia del emisor, siempre y cuando haya renunciado tres meses antes a su actual cargo.
Para resolver el tema la Corte ya recibió varios conceptos, uno de ellos es el de la propia Junta Directiva del Banco que dice que: “establecer una edad de retiro forzoso a los miembros de la Junta Directiva quebranta la regla constitucional establecida para la designación y reemplazo de dichos miembros”.
Por lo cual advierte que: “de aplicarse el retiro forzoso a los miembros de la Junta Directiva se pueden generar incentivos a nombramientos por motivos distintos a los de su capacidad técnica”.
De momento, el estudio de fondo del caso está en pausa porque la magistrada Cristina Pardo presentó un impedimento por haberse desempeñado como Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República en el gobierno de Juan Manuel Santos.
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“En ejercicio de esas funciones, tuve conocimiento del contenido de la norma demandada y conceptué sobre su constitucionalidad, por lo que en mi opinión me encuentro incursa en una de las causales de impedimento”, dice el documento que ella presentó a la Sala.
Se espera que esta semana la Sala Plena resuelva ese impedimento que presentó la magistrada el pasado primero de septiembre y se destrabe la discusión de fondo.