Fenalcarbón critica suspensión de envío de carbón a Israel: "sería ilegal"

El Gobierno de Colombia, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, ha ordenado la suspensión de las exportaciones de carbón a Israel mediante un decreto reciente. Esta decisión ha generado una fuerte reacción por parte de Fenalcarbón, la Federación Nacional de Productores de Carbón, cuyo presidente ejecutivo, Carlos Andrés Cante, en entrevista en La FM de RCN habló del tema y de las consecuencias que conlleva esta medida. 

“Hemos estado analizando precisamente esa situación y, claramente, más que una medida en contra de Israel, es una medida contra el carbón colombiano”, declaró Cante. “Estamos hablando de un poco más de tres millones de toneladas de carbones térmicos, principalmente en Cesar y La Guajira, que se exportaron el año pasado a Israel, un mercado que hemos venido construyendo desde hace más de 30 años”.

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Cante subrayó la importancia de Israel como un socio comercial vital para Colombia. “Colombia se ha convertido en el primer proveedor de carbón de Israel para la generación de energía, representando más del 60% del carbón que utilizan”, señaló. “Estamos hablando de más de 400 millones de dólares en divisas en juego y más de 650.000 millones de pesos en impuestos, regalías y contraprestaciones que Colombia tendría dificultades para recaudar". 

El presidente ejecutivo de Fenalcarbón cuestionó los fundamentos legales y constitucionales del decreto. “En la motivación están tratando de argumentar una situación de orden legal y constitucional que no resisten un examen de ninguna jurisdicción de la Corte Constitucional. Son argumentos demasiado blandos”, afirmó Cante. “Están utilizando un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que habla de restringir las exportaciones por motivos de seguridad nacional y otro argumento que no existe en nuestra legislación, llamado la moralidad pública”.

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Cante también expresó preocupación sobre la autonomía empresarial y las consecuencias a largo plazo para el comercio exterior colombiano. “Esta medida restringe la autonomía empresarial que tienen los titulares mineros para decidir qué hacen con el mineral”, dijo. “Hay una restricción que no aplicaría para situaciones jurídicas consolidadas. Sin embargo, dejan en criterio de unos funcionarios públicos la consideración de cuáles son esas situaciones jurídicas consolidadas. La argumentación para decir que este decreto es sólido en materia de legalidad y constitucionalidad es bastante blanda”.