Formulan cargos a 23 empresas por presunto carrusel en la contratación estatal

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) imputó cargos a 23 empresas y 21 personas naturales por la presunta cartelización en más de 100 procesos de contratación estatal, entre los años 2014 y 2017.

Según explicó el superintendente Pablo Felipe Robledo, la investigación se inició tras una denuncia que se presentó en la Fiscalía General de la Nación mediante un proceso de selección adelantado por esa entidad.

Entre las pruebas recaudadas por la entidad hay correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp y testimonios que indican la existencia del cartel de la contratación estatal, precisó Robledo.

Algunas de las las personas y empresas señaladas son Colombia Ferreléctrica S.A.S, Americana de Inflables y Suministros, Delgado y Vergara S.A.S, Tecnigrup, Grupo Empresarial Sportech, Luis Miguel Perilla Barajas, William Caicedo y Reinaldo Buitrago Rodríguez, entre otros.

"Esto evidencia una de las conductas más anticompetitivas en el sector público: les pagan a los postulados para que se retiren de los procesos", dijo Robledo.

Según la Superindustria, los involucrados en este cartel identificaban a los proponentes en los procesos de contratación y hacían colusión (complicidad, pactar con un tercero).

"El oferente que quisiera ganar la licitación pagaba a sus competidores una suma de dinero para que no participara, a través de cuentas de cobro falsas por la supuesta prestación de servicios de transporte", señaló la entidad.

Por su parte, las empresas que recibían el soborno se abstenían de mejorar sus propuestas en la subasta inversa y se retiraban, según explicó la SIC.

Entre las entidades del Estado afectadas con esta práctica están la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Invima, el Sena y la Gobernación de Cundinamarca, entre otros.

Estos 100 casos de colusión suman 73 mil millones de pesos, según reveló la entidad.

De llegarse a corroborar estos actos las multas pueden llegar hasta los $78.000 millones para las empresas y $1.500 millones a las personas naturales.

Sin embargo, la SIC aclaró que “la investigación adelantada no involucra la conducta de ningún funcionario público. Se trata, una vez más, de casos de corrupción privada en los que la víctima es el Estado colombiano”.