¿Qué debe tener un contrato público para enfrentar la emergencia sanitaria?

La Procuraduría General de la Nación reveló los requisitos que debe tener un proceso de contratación pública para hacer frente a la pandemia de la COVID-19, con el fin de seguir evitando irregularidades con el manejo de los dineros públicos.

En principio, estos contratos deben estar registrado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y especificar la información sobre la persona natural o jurídica con la que se celebró el mismo.

Una vez inscrito en esa plataforma, cada contrato deberá incluir como mínimo las razones por las cuales permite afrontar la emergencia sanitaria, además de la focalización o identificación de la población que se vera beneficiada con la ejecución del mismo.

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La Procuraduría advirtió que también se debe incluir una justificación técnica y económica para la ejecución del contrato. Además se deben especificar las condiciones de entrega de los bienes o la prestación de los servicios.

Esa entidad recomendó hacer estudios de mercado, con el fin de optimizar recursos y establecer precios máximos a bienes o servicios necesarios para atender la pandemia.

El Gobierno y los entes territoriales también deberán revisar la regulación de precios de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y las fuentes oficiales o sistemas de información de precios como el SIPSA del DANE.

En ese sentido, sonvarias las alertas que ha emitido la Procuraduría sobre los riesgos de la contratación ilegal, en medio de la pandemia, como que personas sin acceso a internet o televisión no estén bien informadas sobre cómo lavarse bien las manos y que los más vulnerables no reciban ayudas económicas o de mercados, durante la emergencia.

Lo anterior puede suceder porque hay contratos de publicidad dirigidos a población con acceso a internet, televisión y publicidad para resaltar la imagen de alcaldes, gobernadores o partidos políticos.

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La Procuraduría General de la Nación también ha encontrado contratos para la adquisición de ayudas humanitarias, sin identificar la población vulnerable o con sobrecostos y dirigidos a familias que en realidad no los necesitan.

“Según los reportes se hizo la donación de mercados a población no vulnerable o no necesitada o con fines políticos, con lo que se desatendió la satisfacción de las necesidades de hogares pobres o vulnerables que no están cubiertos por programas como Familias en Acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario”, dijo esa entidad, a través de un comunicado.