"En el brexit no contar con el Parlamento es romper la Constitución"

El contexto

El Alto Tribunal de Londres sentenció este jueves que la activación del proceso de salida de los británicos de la UE requiere un voto del Parlamento, una decisión que podría retrasar el Brexit y que el gobierno dijo que recurrirá.

Tres jueces sentenciaron que la primera ministra Theresa May no tiene el derecho de usar su poder ejecutivo para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa tras el cual comienzan los dos años de negociaciones para establecer las condiciones para que el Reino Unido deje el bloque. "El Tribunal no acepta el argumento presentado por el gobierno" que juzgaba que el voto del Parlamento no era útil. "El Tribunal acepta el argumento principal de los demandantes", anunciaron los jueces.

La decisión podría tener repercusiones en el proceso de salida de los británicos de la Unión Europea. El gobierno británico anunció casi inmediatamente después que apelará la decisión de la justicia ante la Corte Suprema. Esta apelación tendrá lugar a principios de diciembre. "El gobierno está decepcionado" y "determinado a respetar el resultado del referéndum. Vamos a apelar", indicó el portavoz de Downing Street en un comunicado.

May anunció el mes pasado su intención de activar el artículo 50 de aquí a finales de marzo, a partir del cual comienza una cuenta regresiva de dos años para la salida de Gran Bretaña de la UE. La mayoría de los miembros de la Cámara de los Comunes (cámara baja del Parlamento) había hecho campaña para que el Reino Unido se quedara dentro de la Unión Europea, por lo que esta decisión judicial, si es ratificada en apelación, podría abrir la vía a una salida menos brusca o retrasar el Brexit considerablemente.

Sin embargo, los analistas no esperan que los diputados actúen en contra de la decisión expresada en referéndum, cuando el "no" a la UE recabó el 52% de los votos. "No se trata de una decisión sobre la oportunidad o no de dejar la UE, sino de una decisión sobre una cuestión de derecho para determinar la manera correcta de hacerlo", consideró Trevor Tayleur, profesor de la University of Law. "Los diputados y los lores son poco proclives a bloquear el resultado del referéndum, incluso aunque se hubieran pronunciado a favor de seguir [en la UE]", agregó.

Con todo, la decisión supone "una convulsión y una vergüenza para el gobierno", según Tony Travers, un experto de la London School of Economics (LSE), que ve en esto un "follón constitucional".

'Ira popular'

La libra se reforzó contra el dólar y el euro después de la sentencia del Alto Tribunal, quedando por encima de 1,24 dólares después de semanas de caer a mínimos históricos frente a sus principales competidores. Nigel Farage, líder interino del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), quien dirigió la campaña en favor del Brexit, afirmó que le "preocupa que una traición esté cerca" y advirtió que, si se retrasa el proceso de salida, los políticos tendrán que enfrentar la "ira pública".

Para el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, que defendió la permanencia en la UE, la decisión confirma la necesidad "de transparencia" y de comprometer "la responsabilidad del Parlamento" sobre "las condiciones del Brexit". Por su parte, Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, donde el voto a favor de la permanencia en la UE fue mayoritario, y jefa del partido independentista SNP, declaró que "el gobierno debería aceptar esta decisión".

Según Sturgeon, "una votación del Parlamento sacará a la luz la ausencia total de planes sobre lo que será el Brexit". Uno de los abogados de los demandantes, David Greene, saludó una "victoria para la democracia parlamentaria". Y Gina Miller, otra demandante, dijo a la AFP que deseaba que esta decisión permitiera "un verdadero debate en el Parlamento soberano".

Los demandantes argumentan que Gran Bretaña ingresó en la UE a través del voto del Parlamento, y que sólo este órgano puede tomar la decisión de la salida. Sin embargo, Theresa May consideró que no necesitaba el voto del Parlamento, argumentando "prerrogativas históricas" del gobierno y de la voluntad popular expresada en referéndum.