Cuestionan que España apoye diálogos con las Farc, pero rechace hablar con ETA

 

 

 

Cientos de personas pidieron, en agosto pasado,  la liberación de presos y prófugos de la organización separatista armada vasca ETA, en una manifestación celebrada en Bilbao, en el País Vasco, donde se celebraron elecciones regionales. La marcha transcurrió sin incidentes, bajo el lema "En el camino a la amnistía, presos y huidos a casa".

 

Al término, una expresa de la banda, Ohiana Garmendia, leyó un comunicado en el que acusó a los gobiernos francés y español de haberse "ensañado en la política de venganza" contra los presos. La formación mantiene actualmente un pulso con la justicia para poder presentar como candidato a jefe del gobierno vasco a Arnaldo Otegi, ex militante de ETA.

 

Otegi salió en marzo de la cárcel tras pasar más de seis años entre rejas por intentar refundar el partido vasco Batasuna, el ilegalizado brazo político de ETA. La comisión electoral de la provincia vasca de Guipúzcoa concluyó que Otegi está inhabilitado para ser candidato hasta febrero de 2021, una decisión que EH Bildu apeló y que puede ser recurrida hasta la última instancia, el Tribunal Constitucional.

 

La agrupación Etxerat estima que actualmente hay 368 prisioneros "políticos" vascos. Del total de presos, el colectivo estima que hay tres detenidos en el País Vasco, 281 dispersados en 42 prisiones en el resto de España, 79 en 24 prisiones en Francia, uno en Portugal, otro en Suiza y tres recluidos en sus domicilios por razones humanitarias.

 

ETA, a la que se le atribuye la muerte de 829 personas, renunció a la violencia el 20 de octubre de 2011, tras 40 años de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra, pero no ha entregado las armas, como le exige el gobierno español.