Demandan a Visa y Mastercard por pagos en propiedades confiscadas en Cuba

Las compañías Visa y Mastercard fueron demandadas en tribunales de Estados Unidos por "procesar pagos" en bienes nacionalizados por la revolución cubana, según una copia de la denuncia.

"Los demandados ofrecen sus servicios de red a los comerciantes en Cuba, incluidos los de cuatro centros turísticos frente a la playa, que están ubicados en propiedades confiscadas a la familia Glen", según el demandante Robert M. Glen.

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Los hoteles que permiten el pago de "sus huéspedes a través de una tarjeta de crédito Visa o Mastercard" son Iberostar Tainos, Meliá Las Antillas, Blau Varadero, y Starfish Varadero, todos ubicados en el balneario de Varadero, 150 km al este de La Habana.

La demanda fue interpuesta al amparo del Título III de la ley estadounidense Helms-Burton, promulgada en 1996, que permite enjuiciar en los tribunales de ese país a cualquier persona o empresa que haga negocios con bienes nacionalizados tras la Revolución de 1959.

La información sobre la nueva demanda fue comunicada por el Consejo Económico y Comercial EE.UU-Cuba, que ha identificado más de una veintena de quejas presentadas en los últimos meses, en virtud del Título III, que entró en vigor en mayo bajo la administración de Donald Trump, que ha recrudecido el embargo contra la isla, vigente desde 1962.

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La aplicación de ese título de la ley había sido suspendida hasta entonces por sucesivos presidentes estadounidenses.

A la lista de empresas demandadas se sumaron hace una semana el gigante francés de los espirituosos Pernod Ricard, que opera en la isla una empresa mixta destinada a la producción de Havana Club, el más famoso de los rones cubanos, y la cadena española Iberostar, que administra una veintena de hoteles en el país.

Varios grupos importantes, entre ellos Accor, Amazon, Carnival y American Airlines, ya fueron procesados, pero algunas de estas demandas fueron desestimadas por los tribunales estadounidenses. 

El Gobierno cubano considera que la ley Helms-Burton es inaplicable debido a su naturaleza extraterritorial, una opinión compartida por la Unión Europea, que afirma tener un arsenal legal para contrarrestar esa legislación.