Luiz Inácio Lula da Silva, víctima de su propia ley contra la corrupción

Una ley que endurece las penas por corrupción y que fue sancionada por Luiz Inácio Lula da Silva en 2003, cuando comenzaba su primer mandato presidencial, es la misma que lo tiene cumpliendo una pena de 12 años de prisión, según un análisis jurídico publicado por el diario Folha de Sao Paulo.

El exmandatario, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, fue condenado inicialmente por el juez Sergio Moro a 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, acusado de recibir un apartamento a modo de soborno en la red de corrupción en la petrolera Petrobras.

La pena impuesta por Moro fue elevada en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por los tres jueces de la octava sala del Tribunal Regional Federal de la cuarta Región de la ciudad de Porto Alegre con base en la mencionada ley.

La ley 10.763 endureció las condenas que establecía el código penal para delitos conocidos como de "cuello blanco" y, para el caso específico de los relacionados con corrupción, la pena máxima pasó de 8 a 12 años de prisión.

Lula, quien este jueves completó dos meses de su condena en una celda adaptada especialmente para él en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, al sur del país, puede verse aún más afectado por esta ley, según el análisis de Folha.

Ello debido a que, en otro de sus apartes, la ley señala que la progresión del régimen se condiciona a la "devolución del producto del ilícito practicado".

Esto significa que si no consigue revertir la condena o su arresto en las cortes superiores, Lula sólo podrá pasar al régimen semiabierto (dormir en prisión y trabajar de día fuera del sitio de reclusión), tras cumplir dos años en régimen cerrado y solo si ya ha pagado la indemnización de 13,7 millones de reales (unos 3,6 millones de dólares) con los intereses y la corrección determinadas por el tribunal.

De acuerdo con Folha, el veto a la progresión de régimen, si no se devuelven los valores desviados, ya ha impedido que condenados por las corruptelas en Petrobras pasen al régimen semiabierto.

Lula, que lidera todas las encuestas de intención de voto para los comicios presidenciales de octubre próximo, también sancionó la ley de la "ficha limpia", en 2010, que hoy es un obstáculo para las aspiraciones del exmandatario que se autoproclama precandidato.

Según esta ley, que fue aprobada en el Congreso por una iniciativa popular que contó con el apoyo de más de 1,6 millones de firmas, los condenados en segunda instancia, como es el caso de Lula, están impedidos para postular como candidatos.

Cuando Lula estaba era investigado por los desvíos en Petrobras, su defensa mencionó la sanción de la ley 10.763 como una prueba de la actuación del exmandatario contra la corrupción.

En 2016, sus abogados señalaron que esa legislación mostraba "su intención (la de Lula) de actuar para perfeccionar el sistema de combate a la corrupción y la defensa del patrimonio público".

No obstante, señaló Folha, esa ley comenzó a ser debatida en mayo de 2002, antes de que Lula llegara al poder, por una comisión mixta del Congreso que se creó para acelerar proyectos de seguridad pública.

Cuando la ley fue sancionada en el 2003 por el ahora exmandatario, no fue divulgada ni hubo pronunciamiento alguno del Gobierno.