Pedro Pablo Kuczynski renuncia a la presidencia de Perú en medio de escándalo de corrupción

La presión creció este miércoles sobre el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y lo llevó a dimitir en víspera de que el Congreso dominado por el fujimorismo vote una moción de destitución por sus lazos con la brasileña Odebrecht.

Tras la supuesta compra de votos para salvarle en diciembre, Kuczynski -de acuerdo a varios medios preuarnos- decidió renunciar al cargo.

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La amenaza de destitución generó incertidumbre en el país que será anfitrión en abril de la Cumbre de las Américas, a la que asistirá el mandatario estadounidense Donald Trump y una treintena de gobernantes más.

Congresistas fujimoristas difundieron el martes un vídeo en el que aparece Kenji, hijo de Alberto Fujimori, intentando convencer a otros parlamentarios de que apoyen a Kuczynski a cambio de obras públicas en sus distritos.

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"Vamos a iniciar el proceso de denuncia constitucional, es decir, el desafuero a los cinco parlamentarios que son materia de este video", dijo el presidente del Congreso, el opositor Luis Galarreta, quien pidió a Kuczynski que renuncie para evitar ser destituido.

El apoyo de Kenji y otros nueve diputados afines lograron salvar a Kuczynski de la primera moción de destitución, a cambio del indulto a su padre Alberto Fujimori (1990-2000), que cumplía 25 años de cárcel por corrupción y crímenes de lesa humanidad. Ello les valió a este grupo de diputados la expulsión del partido.

Odebrecht reveló que había pagado casi cinco millones de dólares por asesorías a empresas ligadas al presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando era ministro, lo que había negado.

La constructora admitió además que hizo aportes de campaña en 2006 y 2011 a los últimos cuatro ocupantes del sillón presidencial peruano, incluido Kuczynski, y a Keiko Fujimori.

Kuczynski se convirtió así en el primer mandatario en ejercicio en perder su puesto por los tentáculos corruptores de Odebrecht, que admitió haber pagado decenas de millones de dólares en sobornos en varios países latinoamericanos para adjudicarse contratos de obras públicas.