Personal de misión de ONU sale de Guatemala por falta de seguridad
El gobierno guatemalteco acabó con el acuerdo de Cicig, desatando una oleada de reacciones de diferentes sectores.
Personal de la comisión anticorrupción de la ONU en Guatemala comenzó a salir del país como medida de seguridad, al día siguiente de que el gobierno del presidente Jimmy Morales anunciara el cierre unilateral de la entidad.
"Se ha puesto en marcha el plan de contingencia y se ha solicitado al personal internacional que salga del país hasta nuevo aviso", dijo el vocero de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Matías Ponce.
El portavoz comentó que la decisión se tomó ante los riesgos derivados de la sorpresiva cancelación del acuerdo del gobierno guatemalteco con la la Cicig, el cual tenía vigencia hasta el próximo 3 de setiembre.
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La ONU confirmó en Twitter la activación del plan de contingencia "tras vencerse el plazo marcado por el gobierno de Guatemala para terminar con el acuerdo de establecimiento" de la Cicig.
[URGENTE] La @CICIGgt activa plan de contigencia de seguridad tras vencerse el plazo marcado por el Gobierno de #Guatemala para terminar con el acuerdo de establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en ese país. https://t.co/C4dhPmthhC
— Noticias ONU (@NoticiasONU) 8 de enero de 2019
Imágenes mostraron el ingreso de vehículos a la sede de la comisión en la capital, para luego salir con materiales y mobiliario de oficina, mientras decenas de personas con banderas de Guatemala queman petardos y gritan consignas contra la misión internacional.
El vocero del Ejército, Óscar Pérez, indicó que a partir del miércoles los agentes privados de seguridad que resguardaban al personal de la Comisión deben entregar las licencias de tenencia y portación de armas de fuego.
El lunes, el gobierno puso fin del acuerdo de Cicig, adscrita a la ONU, desatando una oleada de reacciones de diferentes sectores que defienden o repudian la acción.
Grupos projusticia, humanitarios, académicos, indígenas y universitarios piden que se revierta la medida del mandatario, mientras sectores conservadores, políticos de derecha y la cúpula empresarial demandan que se respete la decisión y soberanía del país.
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La decisión de Morales ocurre luego de que el fin de semana el gobierno intentó impedir el ingreso al país del investigador colombiano Yinel Osorio, de la Cicig. Osorio fue admitido amparado por una orden de la justicia.