Presidente electo de México lanza comisión para investigar desaparición de 43 estudiantes

"Luz de esperanza" 

Para los padres de los estudiantes, la reunión con el próximo presidente representó "una luz de esperanza", aseguró María Elena Guerrero, madre de Giovanni Galindes, que tenía 20 años cuando desapareció.

"Cuatro años hemos luchado abriendo puertas y para nosotros es un honor que ésta puerta se haya abierto sola", añadió parada a un lado de AMLO y portando una enorme fotografía de su hijo.

Con la voz quebrada, Epifanio Álvarez, mostró también una renovada confianza.

El futuro gobierno "sí nos transmite la esperanza de poder llegar al paradero de nuestros hijos", dijo enfático el padre de Jorge Álvarez, con 19 años en septiembre de 2014.

"Estamos esperando con ansia poder besarlos y abrazarlos y decir '¡Te quiero hijo!', eso estamos esperando", concluyó sollozando.

Un tribunal del norteño estado de Tamaulipas ordenó la creación de una comisión de investigación para el caso de Iguala, pero fue apelada por la fiscalía y actualmente se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia.

López Obrador dijo que pedirá "con todo respeto" al máximo tribunal que atienda la resolución, pero si para el 1 de diciembre no hay una sentencia favorable, entonces la creará por decreto.

Dicha comisión estará integrada por "los padres de las víctimas, los organismos de derechos humanos que los han acompañado, los organismos internacionales y todas las áreas del gobierno federal", declaró Alejandro Encinas, futuro coordinador de esas pesquisas.

"Han pasado cuatro años donde ha habido no solo una actitud omisa, sino dolo en la investigación. Pero creo que todo puede reconstruirse (...) Se abrirán nuevas líneas de investigación", acotó Encinas.

Cuestionada "verdad histórica" 

Según la hipótesis oficial, denominada como la "verdad histórica" por Peña Nieto, los estudiantes de Ayotzinapa  estaban en la cercana Iguala apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas cuando fueron detenidos por policías locales.

Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río.

Sin embargo, Naciones Unidas, y los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como el Equipo Argentino de Antropología Forense y equipos extranjeros de investigación independiente han rechazado tajantemente esta hipótesis.

En un último pronunciamiento, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó este miércoles que el gobierno "se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial".

Hasta ahora hay 119 personas procesadas por el caso, 69 por secuestro y 50 por delincuencia organizada o portación de armas.

La ONU ha denunciado que algunos testimonios de los detenidos fueron obtenidos bajo tortura.

Solo el cadáver de un estudiante ha sido identificado plenamente.

Afuera del Museo Memoria y Tolerancia, donde se llevó a cabo la reunión, unos 300 estudiantes corearon una y otra vez el lema de sus marchas: "¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!".