Cambio de fiscales en caso del Palacio de Justicia, piden familiares de desaparecidos

En este sentido, consideran que la nueva tesis que indica que "no hubo desaparecidos" en el operativo de recuperación del Palacio de Justicia sino un error en el manejo de los cuerpos, va en contravía de la investigación que se ha adelantado y que ha permitido condenar a varios oficiales del Ejército. 

En un documento de seis, los familiares de Carlos Augusto Rodríguez Vera, el administrador de la Cafetería, sostienen que las conclusiones a las que habría llegado la Fiscalía General y el Instituto de Medicina Legal desconocen todos los hallazgos probatorios.

"Resulta paradódijo y contrario a las pruebas recaudadas, que la Fiscalía General de la Nación desvirtué los testimonios, videos y pruebas documentales, incuso de Medicina Legal a lo largo de los años que demuestran que las personas de la cafetería del Palacio de Justicia, como magistrados, acompañados de la Fuerza Pública, salieron con vida y nunca más se volvió a saber de ellas", precisan.

En este sentido consideran que "es absoluamente inadmisible" que tres décadas después de estos hechos delegados del ente investigador y Medicina Legal "manifiesten de manera burlesca, irresponsable y de manera denigrante, que tan solo se trató de un error de identificación y que por tanto no hubo desaparecidos".

Los familiares de Carlos Augusto, cuyo caso motivó una demanda internacional en contra del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, citan todas las sentencias que se han emitido en el país en contra de altos mandos militares y que tienen un factor en común: sí existieron desaparecidos.

Incluso, en el mismo estudio de la demanda ante el organismo internacional los representantes del Estado en ese momento reconocieron la existencia de desaparecidos tras la operación de recuperación, haciendo énfasis en el hecho que varias personas salieron con vida, fueros trasladadas por integrantes de la Fuerza Pública a la Casa Museo del Florero donde fueron torturados tras ser acusados de participar en la toma y luego desaparecidos.

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"Ante La CorteIDH el Estado admitió la existencia de pruebas fehacientes e irrefutables de la desaparición forzada de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Las manifestaciones públicas realizadas, denotan la existencia de una esquizofrenía institucional, pues contradicctoriamente ante los órganos internacionales hacen reconocimientos, que hoy relativizan", señalan