C. de Estado ordena pagar 430 millones a familia de desaparecida del Palacio de Justicia

Sus restos aparecieron en dos cajas del Cementerio del Sur, el 20 de octubre de 2015. La Fiscalía General dio a conocer, 30 años después, con grado de certeza, que uno de los cuerpos sin identificar era el de Lucy Amparo Oviedo.

El Consejo de Estado, acatando el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinó que el Ministerio de Defensa es el responsable de la muerte y desaparición de la trabajadora de la cafetería.

En el fallo queda claro que a los integrantes de la cafetería los señalaron de pertenecer al M-19, y que por esa razón emprendieron acciones contra ellos.

“Fueron considerados y tratados como sospechosos de pertenecer a la guerrilla por parte de las autoridades; asimismo, que salieron vivos del Palacio de Justicia, fueron conducidos a la Casa del Florero y al Cantón Norte sin el debido registro y las Fuerzas Militares negaron su detención. Sostuvo que se intentó ocultar lo acontecido con las víctimas e intimidaron a quienes estaban realizando gestiones para su búsqueda”.

Lo que llama la atención del fallo,es la oposición que hicieron los abogados del Ministerio de Defensa a las pretensiones de la familia de Lucy Amparo Oviedo de declarar culpable a la institución castrense. Los defensores del Ejército aseguraron que no se demostró la desaparición de la señora Oviedo, mientras que los abogados de la Policía dijeron ante el Consejo de Estado que la culpa de lo que pasó en el Palacio de Justicia con los desaparecidos, no es de los uniformados.

“La Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional puso de presente que la administración del Consejo de Estado no acató las recomendaciones de seguridad de sus instalaciones. Reiteró los argumentos del hecho de un tercero y que las obligaciones de la entidad son de medio y no de resultado”.

La familia de Lucy Amparo Oviedo exigía 100 millones de pesos adicionales por la búsqueda infructuosa de Lucy. Sin embargo el alto tribunal desestimó esa pretensión y fijó la indemnización total en 430 millones de pesos. El dinero deberá ser consignado por el Ministerio de Defensa.

Ya son dos condenas en menos de dos semanas contra el Ministerio de Defensa por la desaparición forzosa de funcionarios y asistentes al Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.