Corrupción en operativos a juegos de azar: policías sobornaban a dueños de casinos

El director de la Policía Fiscal y Aduanera, general Juan Carlos Buitrago, entregó detalles a RCN Radio del reporte que le suministró a Coljuegos en el marco de las estrategias que llevan a cabo para frenar la operación de juegos de azar ilegales en el país. 

Según el oficial, dicho informe hace énfasis en comportamientos inadecuados por parte de algunos policías que estarían sobornando a dueños de casinos y centros de apuestas para no cerrarles sus establecimientos por no contar al parecer con la documentación legal. 

“Hemos recibido denuncias de propietarios de casinos sobre prácticas inadecuadas de funcionarios. Les dijimos que la Inspección General está dispuesta a tomar las medidas para eliminar los brotes corrupción de la institución sin ningún tipo de dilación”, dijo el General.

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Además agregó que desde la institución se notificará a instancias ordinarias para que adelanten las investigaciones de estas conductas.

“Para este caso en particular estamos recibiendo las denuncias de los empresarios e iniciar las investigaciones a cargo de la Inspección General y la Fiscalía General”, destacó.

Resultados operativos 

En el reporte también se indica que en este año la Policía ha incautado 500 máquinas tragamonedas y hace seguimiento a 29 máquinas que ingresaron en los últimos días al país, mientras se conoció que “los principales abastecedores de estos dispositivos son los chinos”, por lo que se trabaja para reforzar los controles.

El documento que la Policía le socializó a Coljuegos asegura que en este año 1.800 páginas web relacionadas con juegos de azar o competencia desleal, han sido bloqueadas por un grupo especial de la Dijin.

Para evitar la operación de juegos de azar ilegales, las autoridades han revisado más de 80 mil máquinas tragamonedas y empezaron a marcarlas con un código especial para que no sean adulteradas, ya que han sido inspeccionados 2.300 establecimientos en 368 municipios de 29 departamentos.

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Aquellas personas que promuevan dichas máquinas y operaciones tendrán una pena de 6 a 8 años de cárcel con una multa de 63 millones de pesos.

Finalmente, este año 33 personas han sido capturadas y se han emitido ocho condenas por explotación ilícita del monopolio.