Corte Constitucional le pone la lupa al Acuerdo de Escazú y su aplicación en Colombia

La Corte Constitucional le puso la lupa al Acuerdo de Escazú y a la ley aprobatoria que permitió la implementación de ese pacto internacional relacionado con el manejo de información y protección de los derechos de los defensores medioambientales. 

El tribunal estudia la ley, por lo que convocó a una audiencia pública en la que varias autoridades nacionales y ambientales explicarán la necesidad de Escazú para mantenerlo vigente en Colombia. 

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"La Sala [Plena] consideró que, si bien se han recibido intervenciones oficiales y ciudadanas, al igual que conceptos técnicos y pruebas practicadas en el proceso, resulta necesario convocar un espacio de diálogo abierto que permita confrontar los argumentos presentados", dice el pronunciamiento del tribunal. 

Este acuerdo fue aprobado en 2022 con el que se fortalece el acceso a la información y a la justicia ambiental, como también la participación ciudadana en la toma de decisiones del sector.

Cuando la ley fue aprobada por el Congreso, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, lo consideró como un hito histórico para Colombia, pues con este Acuerdo se fortalecerá la protección de defensores  ambientales, así como de pueblos étnicos, ambientalistas, académicos, guardaparques, funcionarios, entre otros.

“Este es un triunfo de la juventud y esperamos honrarlo con un plan de implementación para que podamos tener más decisión de la ciudadanía en las decisiones ambientales, más participación y defender a quienes defienden el ambiente”, afirmó la ministra. 

Según la descripción del acuerdo que hace la cartera, una de las prioridades del Acuerdo de Escazú es garantizar el acceso a la información y a la justicia ambiental, así como la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones del sector.

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La Corte Constitucional estudiará los argumentos de los intervinientes y recolectará los conceptos para definir la constitucionalidad de este acuerdo internacional.