Corte Constitucional lleva a examen al Estado por crisis carcelaria

A pesar de que el sindicato del Inpec ha liderado varias batallas en busca de superar el hacinamiento carcelario en el país, al parecer los internos no tienen voz y voto. La crisis carcelaria continúa con casi el 50% de hacinamiento en las cárceles según datos del Inpec.

En el 2013, la Corte Constitucional determinó que había vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en Colombia, dicha declaratoria la reiteró en 2015, declarando un Estado de cosas inconstitucionales.

La Corte emitió una serie de órdenes al Gobierno en busca de superar la crisis y garantizar la vida en reclusión, además conformó la Sala Especial de Seguimiento a las cárceles. Después de tres años pide rendición de cuentas al Gobierno.

Dicho examen a los avances para superar la crisis carcelaria iniciará el próximo 25 de octubre en una audiencia pública, en la cual el Estado deberá explicar en qué se ha avanzado con respecto de unos mínimos que estableció la Corte, y que se deben garantizar para la vida en reclusión: infraestructura, resocialización, alimentación, salud, servicios públicos domiciliarios y acceso a la administración pública y a la justicia.

Según datos puntuales del Inpec, actualmente existe un hacinamiento del 49,42 %, es decir una sobrepoblación de 39.557, siendo que la capacidad de las cárceles es para 80.203 y actualmente hay 119.760 internos en todas las cárceles.

La audiencia publica para examinar los avances de la situación se estará dividida en cuatro ejes temáticos: estado actual de la vida en reclusión en Colombia; medidas contingentes o de choque para la garantía de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad; estado de los cuatro bastiones del seguimiento; y coherencia en la política criminal.

Las explicaciones estarán en la vocería del Inpec, los ministerios de Justicia y de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Uspec, y la Fiscalía General.