Corte Suprema ordena embargo de una finca de alias Macaco

La familia Hoyos figura como la última propietaria de la hacienda ‘La Ilusión’, ubicada en zona rural del municipio de Cáceres, en el departamento de Antioquia.

Esta hacienda está en proceso de embargo por orden de un magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, porque su real propietario es Carlos Mario Jiménez alias ‘Macaco’, máximo jefe paramilitar. 

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El 26 de agosto de 2016, los miembros de la familia Hoyos se opusieron a la orden de embargo diciendo que habían adquirido el predio de buena fé y que las autoridades no les podía arrebatar el único bien que tenían para vivir, sin saber supuestamente que la tierra le pertenecía al exjefe paramilitar. 

Su historia llegó a la Corte Suprema de Justicia que, tal como lo conoció LA FM, les reprochó que, al momento de comprar la finca no se hubieran dado a la tarea de conocer quién era el real propietario, y que había sido adquirida en el pasado con dineros producto del narcotráfico y dónde funcionaba el andamiaje de alias ‘Macaco’, lo que podría constituirse en testaferrato. 

“Su desinterés por averiguar, como mínimo, quién era el propietario que les vendía, no obstante referir una negociación turbia con una serie de intermediarios (...) lo que traduce su inscripción formal como titulares del inmueble, del que nunca han tenido dominio, por ser meros administradores o simples cuidadores seleccionados por su verdadero dueño”, señala un aparte de la sentencia. 

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Sobre la real historia de la finca habló -el 29 de agosto de 2008-, José Germán Sena Pico alias ‘Nico’, desmovilizado y miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia, en calidad de comandante del ala política del Frente Sur de los Andaquíes, Bloque Central Bolívar -BCB- y quien estuvo al servicio de ‘Macaco’. 

Dijo que quien controlaba y tenía el dominio real del inmueble era su jefe paramilitar pero, por estar en la ilegalidad, mantenía ocultos sus bienes, hecho que la familia Hoyos no pudo desvirtuar. 

La historia llevó a que la Corte hiciera un llamado a quienes pretenden comprar bienes inmuebles a “realizar un estudio a fondo de los títulos de propiedad y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se verificaron las transacciones precedentes, con el fin de constatar la procedencia y legitimidad del inmueble, en vista de las actividades delincuenciales que los grupos armados ilegales acostumbraban realizar respecto de los inmuebles en las regiones que ocuparon”.