Corte Suprema pidió a Fiscalía audios y testimonios de Jorge Pizano

La Corte Suprema de Justicia ordenó a la Fiscalía entregar todos los audios y testimonios que tenga en su poder de Jorge Pizano, el fallecido testigo en el escándalo por el pago de sobornos en Colombia por parte de la multinacional Odebrecht. 

Las pruebas se tendrán en cuenta en el proceso penal que se adelanta contra el excongresista Plinio Olano, por los delitos de concierto para delinquir, trafico de influencias y cohecho. 

“Esas pruebas las ordena la Corte, porque considera que de allí podría obtener un material relacionado con este proceso”, señaló el abogado Jorge Aníbal Gómez. 

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La Corte Suprema ordenó, además, las declaraciones de los entonces directivos y representantes de Odebrecht en Colombia, Luis Antonio Bueno y Eleuberto Martorelli. 

Olano es señalado de recibir 500 millones de pesos de la multinacional brasileña con el fin de hacer lobby y debates de control político en el Congreso de la República a favor de Odebrecht. 

Por ese mismo escándalo, el Consejo de Estado en primera instancia declaró la muerte política del excongresista. 

El caso

En ese momento, el alto tribunal señaló que las pruebas recaudadas comprobaron que Olano uso su cargo como congresista para favorecer a la firma extranjera con la adjudicación del contrato de la Ruta del Sol. 

“Gestionar para la multinacional Odebrecht diversos procesos contractuales y prebendas, no solo frente a entidades públicas sino ante el propio Congreso, a partir de su notable desempeño en la Comisión Sexta”, señaló el fallo del Consejo de Estado. 

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En su contra pesan dos declaraciones: la del excongresista Otto Bula y la del empresario Federico Gaviria (asesor de la firma brasileña y quien logró un preacuerdo con la Fiscalía).

Ambos lo señalan de ser uno de los congresistas que favoreció a la firma brasilera en el Congreso. 

Al parecer, aprovechó su condición de miembro de la Comisión Sexta del Senado para mejorar las condiciones del contrato para la vía Ocaña - Gamarra. 

Según los testigos, lo que se acordó fue repartir el 4% del valor del contrato, que costó entre 900 mil millones y un billón de pesos.

Es decir, el 2% le habría correspondido al senador Bernardo Miguel Elias; el 1% al senador Plinio Olano y al exministro Miguel Peñalosa; y el restante para Otto Bula.