Defensa de Epa Colombia solicita protección especial y reclusión en una guarnición militar

Omar Ocampo, abogado de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, reveló a la FM de RCN RADIO que pedirá medidas especiales de seguridad  e incluso que la influencer sea recluida en una guarnición militar o estación de Policía ante el riesgo que corre de ser enviada a una cárcel común, para pagar la condena de 5 años y 2 meses que le impuso la Corte Suprema de Justicia.

Esta petición fue realizada tras visitar en los calabozos del Búnker de la Fiscalía a Epa Colombia, quién fue detenida por orden de la Corte Suprema que la halló culpable de cometer los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno.

“Pues vamos a hacer unas solicitudes especiales en la medida que se pueda, si hay un sitio especial de reclusión o qué medidas de seguridad y protección le garantizaría el Estado por intermedio del Inpec (…) por supuesto, como madre cabeza de familia tiene un derecho sobre todo esa menor que es una niña de ocho o nueve meses recién cumplidos que es el derecho de los menores de edad como un derecho universal y constitucional prevalente”, dijo el jurista.

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También señaló: “Se ha explicado que es una persona que ya tiene un perfil empresarial muy gigante que de pronto pueda correr ciertos riesgos de seguridad en cualquier prisión normal y pues debería estar en una guarnición militar, policía o en un sitio especial, de pronto en un pabellón especial. Lo que el Estado le pueda brindar es lo que se necesita para ciertas personas como ha ocurrido con alguna clase de políticos, con alguna clase de funcionarios, con alguna clase de personas que tienen un perfil diferente y que requieren una protección especial”.

La condena contra la joven creadora de contenido y empresaria,  se fundamentó entre otras pruebas clave en un video que grabó y divulgó la propia influencer en el que aparecía destruyendo con un martillo una estación de Transmilenio del sector de Molinos, en Bogotá, en el marco de las protestas sociales de noviembre de 2019.

El abogado Ocampo, señaló que la defensa también evalúa acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al advertir que en este caso la Fiscalía  infló la imputación al juzgarla por instigación para delinquir con fines terroristas tras los hechos ocurridos en medio de las protestas de noviembre de 2019.

Este miércoles la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hará lectura de la sentencia en su integridad y con los respectivos alcances judiciales en la que se señala sentencia le niega la posibilidad de sustituir la reclusión en una prisión, por casa por cárcel.

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De acuerdo con el fallo también se plantea que la prohibición para el uso de sus redes sociales se prolongaría por el mismo tiempo de la pena de prisión, es decir, durante los 5 años y dos meses de condena.