Defensa pide la nulidad del proceso contra Aida Victoria Merlano y el odontólogo 

El abogado Carlos Augusto Ramírez, quien defiende al odontólogo Javier Cely, aseguró que existen cinco causales de nulidad en este caso promovidas por la actitud del juez. En este sentido mencionó que en repetidas oportunidades ha emitido prejuzgamientos y ha evitado ejercer la labor de defensa.

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“Desafortunadamente en la anterior sesión de juicio se presentaron lo que a mi concepto son irregularidades de carácter sustancial”, precisó el jurista al considerar que se han presentando una constante violación a las garantías fundamentales y al debido proceso. “Se ha vulnerado la igualdad de armas (...) y la imparcialidad porque usted en mi concepto no ha cumplido con el deber y la obligación de actuar con absoluta objetividad en el transcurso del juicio”.

El abogado añadió que el juez le ha impedido interrogar y contrainterrogar a los testigos que ha presentado la Fiscalía General. “No ha habido respeto a los derechos fundamentales del doctor Javier Guillermo Cely Barajas (...) se ha vulnerado la contradicción frente al planteamiento de tesis alternativas en punto de hacer menos probable la comisión o participación en el hecho de fuga”. 

Ramírez citó las veces que el funcionario judicial ha interrumpido a los testigos y les ha pedido no responder preguntas por considerarlas impertinentes o repetitivas. Esta situación -consideró- es algo excepcional dentro de un juicio. “Desde mi concepto cuando el legislador plantea la posibilidad que el juez entre a prohibir preguntas capciosas, sugestivas o que esté atento a la repetición de preguntas repetitivas para decidir sobre las objeciones planteadas, no es que el juez asuma el rol que debería hacer las partes que son facultadas. Solo el fiscal se puede oponer a las preguntas que haga el adversario”.

En su extensa argumentación señaló que en los meses que lleva el juicio se han presentado varias situaciones en las cuales se impide presentar una tesis alternativa a la descrita por la Fiscalía General sobre los hechos que rodearon la fuga de Aida Merlano. “En nuestro sentir no se ha garantizado la presunción de inocencia”.

“Usted claramente está vulnerando mi derecho fundamental como garantía a plantear una tesis alternativa sobre la necesidad de determinar la verdadera participación de los miembros del Inpec en la fuga de la señora para hacer menos probable la participación de mi cliente”, precisó.

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Para el abogado en varias oportunidades se ha presentado una injerencia para frenar de tajo una respuesta por parte de un testigo, citando la vez que dijo que “tal vez el Hombre Araña haría algo así”, en referencia a la reacción de los guardianes del Inpec cuando vieron que la excongresista se había fugado utilizando una cuerda.

Esta petición fue apoyada por el abogado Guillermo Rodríguez, defensor de Aida Victoria Merlano, indicando que el juicio ha estado viciado por el impedimento para que ejerzan su derecho a la defensa y presentar elementos materiales de prueba. “Llama la atención que los requerimientos que nos ha hecho en el juicio nos ha manifestado circunstancias de manera poco objetiva y que distan mucho de realidad (...) No veo imparcialidad”.

El juez del caso consideró que este tipo de peticiones hacen parte de una maniobra dilatoria por parte de la bancada de la defensa, que busca truncar el normal desarrollo del juicio. “Ya se había resuelto esta nulidad en la audiencia anterior”, precisó el funcionario judicial. “Lo que se busca es que la actuación se vaya para el tribunal y se dilate y dilate el juicio”.

Los delegados de la Fiscalía y la Procuraduría General pidieron rechazar esta petición de nulidad indicando que no cumple con los requisitos exigidos. Frente a esto pidieron seguir adelante con la práctica de pruebas testimoniales.

Sin embargo, la existencia de una tutela presentada por la defensa del odontólogo en contra de la decisión de avalar a varios testigos obligó a la suspensión del juicio. 

Aida Victoria Merlano y Javier Guillermo Cely son procesados por los delitos de fuga de presos y utilización de menores para actividades delictivas. De ser hallados culpables se exponen a una condena de 21 años de prisión.