En cinco años la Policía pagó 60 mil millones de pesos por retiros irregulares

Escuche aquí el informe de LA F.m.

 

 

 

 

 

En la secretaria general de la Policía Nacional se define el futuro de muchos uniformados. Por allí pasan las decisiones más importantes en materia jurídica, disciplinaria, administrativa. Se emiten conceptos para determinar si un Policía continúa o no en la institución. Entre todos los casos que han llegado y que LA F.m. investiga, hay muchos relacionados con despidos al parecer injustificados o amparados bajo la figura  de retiro por voluntad de Gobierno o  discrecionalidad, lo que ha generado millonarios gastos, una vez esa decisión es conocida por jueces y magistrados que reversan la decisión de los altos mandos de la Policía.

 

LA F.m. conoció un documento en que indica que la Policía ha pagado en 5 años más 60 mil millones de pesos por condenas impuestas por los despachos judiciales en los procesos de retiro por voluntad del Gobierno o de la Dirección General. El documento es firmado por el coronel Ciro Carvajal, el mismo que hasta hace una semana era el secretario general de la Policía Nacional, y del que se conoció a través de grabaciones que presionaba, junto con otros oficiales, al coronel Reinaldo Gómez para que cambiara su versión en una denuncia que éste último realizaba.

 

 

 

 

 

En el documento se analizan cuatro factores durante el periodo de los años 2009 al 2013. El primero es la cantidad de retiros que se han presentado, el segundo es cuántas de esas decisiones han sido demandadas. También entregan las cifras de las condenas que ha recibido la Policía por esos procesos y el costo que han tendido que afrontar. Las cifras son preocupantes.

 

Se evidencia que durante esos 5 años fueron retirados de la Policía Nacional en ejercicio de la facultad discrecional un total de 933 funcionarios, de los cuales 680 interpusieron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Policía. De igual manera, en la relación se establece que la Policía fue condenada en 390 oportunidades y tuvo que reintegrar a 332 personas. Lo que quiere decir que solo 58 uniformados perdieron la demanda.

 

Si se miran esas cifras en temas porcentuales, el 72% de las personas que fueron retiradas durante 2009 a 2013 se sintieron inconformes con la decisión de los altos mandos y demandaron. De esas demandas prosperaron el 57% y cerca del 90% volvieron a la institución por orden de un juez.

 

El valor cancelado dentro de las condenas impuestas por  los despachos judiciales en contra de la Policía en 5 años son exactamente  de 60 mil 362 millones 678 mil 902 pesos.  Entregados de la siguiente manera:

 

2009: 40 condenas salieron en contra de la Policía y le costó al Estado 3 mil 708 millones 125 mil 20 pesos.

 

2010: 51 condenas recibió la Policía por esos retitos y tuvo que pagar 10 mil 113 millones 219 mil 651 pesos.

 

2011: Las 82 condenas que tuvo que pagar la Policía le costaron a los colombianos 14 mil 563 millones 382 mil 863 pesos.

 

2012: En ese año fueron 105 condenas contra la Policía por las cuales el Estado canceló 14 mil 351 millones 836 mil 876 pesos.

 

2013: La cifra aumenta notablemente, la Policía tuvo que sacar 17 mil 626 millones 114 mil 492 pesos porque fue condenado en 112 oportunidades por retirar a uniformados sin argumentos sólidos

 

Para ese mismo periodo había 369 procesos activos de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Policía según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por lo que se estima que la pretensión económica de estos procesos estaría cercana a los 25 mil millones de pesos. El presupuesto para 2014 de la Policía fue de más de 7 billones de pesos. Pero en esos recursos la institución ya tiene que contemplar los gastos por demandas contra la institución que son sin duda millonarios.

 

Cabe recordar que el retiro por voluntad del Gobierno es por razones del servicio y de manera discrecional puede ser en cualquier momento que la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional lo determine, esto cuando se trata de oficiales. Pero es directamente el director de la Policía  y sus asesores jurídicos, los mismos que forman parte de la secretaria general, quienes toman las decisiones relacionadas con los suboficiales y de nivel ejecutivo, refiriéndose a los patrulleros.

 

La dirección de la Policía, durante el periodo analizado, tomó la decisión de retirar de sus filas a 825 uniformados de manera "discrecional" mientras que el Gobierno Nacional solo retiró a 106 oficiales. Se promedia que anualmente la Policía está pagando 12 mil  millones de pesos por condenas emitidas tras el retiro de uniformados que ganan las demandas instauradas porque los llamaron a calificar servicio sin justa causas. ¿Será que si se hiciera un mejor manejo de las investigaciones y de las decisiones que toman los altos mandos se reduciría el gasto y se vulnerarían menos los derechos de los uniformados? 

 

 

 

Cuando el saliente ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, solicitó la renuncia protocolaria del personal a su cargo, decidió aceptar la del entonces director del Inpec, general Saúl Torres.  

 

Todos estos meses ha sido un misterio la salida del general Torres de la dirección del Inpec. Hoy, LA F.m. Noticias pudo establecer las versiones sobre qué pasó con él y cómo su trayectoria en la Policia Nacional terminó con su salida de la institución a pocos meses de ser ascendido a Mayor General. 

 

Todo parece remontarse a julio de 2014, cuando Torres pidió la renuncia de su segundo al mando, el coronel John Alejandro Murillo, motivada, al parecer, por comportamientos irregulares en el traslado de presos. Los hechos están consignados en un Derecho de Petición dirigido al director de la Policia, general Rodolfo Palomino, en el que el general Torres expone que tuvo que reincorporar en el cargo al coronel Murillo por solicitud del entonces ministro Alfonso Gómez Méndez. 

 

Los documentos que ha obtenido LA F.m. Noticias dan cuenta de la situación de la renuncia, que llama mucho la atención, y su revocatoria, 24 horas después, del coronel Murillo. Al parecer este hecho partió la relación entre el ministro y el director del Inpec. El general Saúl Torres salió del Instituto carcelario, luego fue a San Andres y posteriormente a la regional del Cauca. Acto seguido, le comenzaron a enviar a vacaciones mes a mes, durante 6 periodos. ¿Cómo es posible que un general esté 6 meses de vacaciones?

 

Debido a esta situación, el general Torres envió un derecho de petición al general Palomino reseñando los hechos y solitando explicaciones sobre sus vacaciones extendidas inexplicablemente. Este primer derecho fue respondido por el director de la Policia, donde aparece sólo la normatividad sobre la toma de vacaciones. Hay un segundo derecho de petición en el cual Torres insistió en que se le explicara los motivos que llevaron a esta situación en su carrera policial.

 

Lo cierto es que esta historia a hoy va en que el general Torres pidió su baja y salió de la Policia pocos meses antes de ascender a Mayor General. Lo que argumentan los documentos es una supuesta persecución de Alfonso Gómez Méndez. Por su parte, el exministro reconoció que fue él quien ordenó que el coronel Murillo continuara en su cargo. Tambien confirmó que aceptó la renuncia del general Torres porque consideró que el alto oficial no cumplia con las exigencias de su cargo. Esta es sólo la reseña de un caso más de las salidas motivadas por presiones internas dentro de la Policia Nacional.   

 

Escuche las declaraciones del ex ministro Gómez Méndez.