Escándalo de Bioenergy: Contraloría impone millonaria sanción

La Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal, por la suma de 12.243 millones de pesos, contra dos directivos en su momento de Bioenergy S.A., empresa filial de Ecopetrol actualmente en trámite de liquidación, y la firma Tipiel S.A. 

El organismo de control explicó que Tipiel firmó contratos con Bioenergy para realizar actividades que previamente habían dado como recibidas a satisfacción a Isolux, empresa a la que inicialmente se le contrató la construcción de la planta de etanol, situada en Puerto López, en el departamento del Meta. 

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"El ambicioso proyecto terminó convertido en uno de los elefantes blancos y desastres financieros más grandes de que se tenga noticia en el país; y hoy la CGR adelanta procesos de responsabilidad fiscal por una suma total que bien puede acercarse al billón de pesos, recursos públicos que buscar resarcir", afirma el ente de control. 

La imputación recae sobre Aleck Remberto Santamaría, gerente General de Bioenergy, Rosa Catalina Santos, suplente del gerente y la firma Tipiel por los contratos firmados entre septiembre y octubre del 2014. 

Según el informe de la Contraloría, Bioenergy justificó la suscripción de los contratos con Tipiel argumentando que esta empresa la había acompañado en el proceso de interventoría del contrato suscrito con Isolux, encontrando algunas irregularidades en la realización del proyecto. 

"En el desarrollo de sus funciones de apoyo de la interventoría, evidenció inconsistencias en la ingeniería de detalle entregada por la empresa Isolux", afirmó en su momento Bioenergy. 

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Sin embargo, las actas y avances del contrato firmados por las tres compañías evidenciaron pagos avalados por Tipiel, por el 93,7% de avance de la ingeniería, es decir que, fueron ejecutadas las actividades por Isolux y recibidas a satisfacción por Bioenergy. 

Para la Contraloría, no es lógico que  se haya contratado el mismo objeto ejecutado por Isolux, cuando previamente la misma firma Tipiel le había dado su aval con la aprobación de Bioenergy, por lo que "no se debieron invertir recursos en una labor que ya había sido certificada como cumplida".