Fiscalía pide avalar principios de oportunidad contra 'cerebros' del escándalo en la UNGRD

Con este perdón judicial, los cinco implicados se convertirán formalmente en los testigos clave contra varios congresistas y otros altos funcionarios del Gobierno que habrían participado en ese entramado criminal.

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La negociación lograda con la Fiscalía General de la Nación contempla la suspensión de la acción penal, lo que significa que se les otorga un perdón judicial frente al delito de interés indebido en la celebración de contratos.

En diálogo con La FM de RCN Radio, el abogado Francisco Bernate, defensor del contratista Luis Eduardo López, señaló que “en lo que tiene que ver con el principio de oportunidad, se trata del perdón que la Fiscalía General de la Nación va a solicitar por algunos de los delitos cometidos. Por supuesto que por ahora lo hacen la modalidad de suspensión, es decir, que se suspendan los procesos por algunos delitos contra estas personas en la medida en que van a ser testigo de cargo dentro de otras actuaciones”.

El abogado Bernate agregó que “este es un caso muy complejo que se ha resuelto de diferentes maneras y esta es básicamente la que más se ha utilizado, la de otorgar un preacuerdo para unos delitos y un principio de oportunidad que es un perdón judicial en la práctica, se suspenden las investigaciones a cambio de que sean testigos contra otras personas y si ello ocurre, pues posteriormente se renuncia a esta persecución. Así es que son momentos decisivos para este proceso”.

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Esta audiencia fue convocada poco después de que se conociera que agentes especiales de la Fiscalía avanzan en el rastreo financiero, movimientos de las cuentas bancarias, de los abonados celulares y los registros migratorios del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, para definir si le imputa cargos por el escándalo de corrupción de Gestión del Riesgo.

El grupo de tareas especiales que coordina estas investigaciones en cabeza de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, lleva a cabo toda una serie de práctica de pruebas técnica y documentos. 

Como parte de estas diligencias, la Fiscalía acudió ante el Tribunal Superior de Bogotá para buscar legalizar los elementos encontrados en el marco de estas diligencias judiciales.

De manera simultánea, el grupo de tareas especiales de la Fiscalía acudió ante un juez para avanzar en la legalización de los elementos encontrados en el marco del rastreo financiero, movimientos de las cuentas bancarias y de los abonados celulares de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, implicada también en ese escándalo de corrupción.