Fiscalía pide cárcel para capturados en finca del embajador de Colombia en Uruguay

Ante el juez 70 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía solicitó imponer medidas de aseguramiento intramural contra los cinco capturados en el laboratorio de cocaína, en la finca del embajador de Uruguay, Fernando Sanclemente, ubicada en el municipio de Guasca (Cundinamarca).

A los capturados, identificados como Cristian Anibal Gómez Vanegas, Yefer iván Castillo Cómez, Jhon Jairo Morales Zambrano, Dumer Gustavo Bohórquez y Pablo Emilio Perilla, la Fiscalía les imputó el delito de porte y fabricación de estupefacientes, así como tenencia de sustancias utilizadas para el procesamiento de narcóticos; sin embargo, no aceptaron los casos.

En el laboratorio de procesamiento de coca se encontraron siete toneladas de insumos para el procesamiento de cocaína, que, de acuerdo con el informe de la Fiscalía, tenían elementos suficientes para producir 1.8 toneladas del alcaloide.

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El valor de los insumos es de 126 millones de pesos. De acuerdo con la delegada de la Fiscalía, el procesamiento del alcaloide debía ser constante por las cuatro prensas que tenían marcas distintivas que tenían códigos diferentes, que fueron incautadas.

“Esos elementos no son de poca monta, lo que verdaderamente es una estructura para elaborar el alcaloide y después almacenarlo”, indicó.

Según la Fiscalía, las caballerizas de la finca eran utilizadas como las habitaciones de las diez personas que estarían involucrados en la producción del estupefaciente, aunque solo fueron capturados cinco supuestos delincuentes.

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“La fuente reveló horarios, que allí se estaban hospedando mientras duraban los diez días de la fabricación del alcaloide, que se estaban llevando bastantes insumos químicos para lo que sería convertir la base de coca en clorhidrato de cocaína”, explicó la delegada de la Fiscalía.

Por considerar que son un peligro para la sociedad por la producción del alcaloide y por los efectos nocivos para quienes la consumen, además de los prejuicios para la economía, la fiscal solicitó la medida de aseguramiento contra los cinco detenidos en un establecimiento carcelario.