Funcionario del INS enfrenta cargos por extralimitación de funciones
La Procuraduría calificó la presunta falta como grave y la imputó a título de dolo.

La Procuraduría General de la Nación profirió un pliego de cargos contra Oscar Andrés Acosta Ramos, profesional especializado de la Secretaría General en el Instituto Nacional de Salud (INS), por presunta extralimitación de funciones.
El ente disciplinario inició una investigación para determinar si Acosta Ramos, en su rol como abogado comisionado, solicitó de manera reiterada e injustificada información y seguimiento a expedientes que se encontraban en juzgamiento.
Según la entidad, los expedientes en cuestión habían estado bajo su conocimiento en la etapa de instrucción, lo que podría haber influido en sus acciones posteriores.
Le puede interesar: Exjefe del Banco Agrario es destituido por acusaciones de acoso sexual a subalterna
La investigación se centra en determinar si el funcionario incurrió en conductas que violaron los principios de moralidad pública y legalidad establecidos en la normativa vigente durante el año 2023.
El caso fue remitido a la Procuraduría Primera Distrital, que busca esclarecer si el investigado actuó al margen de sus competencias y responsabilidades. De comprobarse la transgresión, Acosta Ramos podría haber comprometido los principios fundamentales que rigen el comportamiento de los servidores públicos.
La Procuraduría calificó la presunta falta como grave y la imputó a título de dolo, lo que implica la intención de actuar de manera irregular.
Le puede interesar: Asesino confeso del autor del crimen del fiscal Pecci no recibirá otra medida de aseguramiento
En su proceso de investigación, el Ministerio Público evaluará las evidencias y circunstancias que rodean este caso, con el fin de determinar la responsabilidad del funcionario y, en su caso, las sanciones correspondientes.
El pliego de cargos destaca la importancia de mantener la integridad de los procedimientos y de garantizar que los servidores públicos actúen dentro del marco legal y ético establecido.
La Procuraduría reafirma su compromiso con la vigilancia de la correcta administración pública y con el respeto a los principios que rigen la función pública.