General (r) Rito Alejo del Río rendirá declaración ante la JEP por masacres en el Urabá

El oficial en retiro igualmente se comprometió a entregar su declaración sobre la masacre de Mapiripán registrada entre el 15 y el 20 de julio de 1997 y la cual fue ejecutada por grupos paramilitares comandados por Salvatore Mancuso Gómez.

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El expediente No. 04 hace referencia a las acciones violentas que se presentaron en varios municipios del Urabá antioqueño entre el 1 de enero de 1986 y el 1 de diciembre de 2016 (fecha en la cual entró a regir el acuerdo de paz con las Farc”.

El documento cita “los hechos constitutivos de graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario” en los municipios Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba en el Departamento de Antioqua”.

Así como los que se registraron en los municipios de El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el departamento del Chocó “cometidos por presuntamente miembros de las Farc-Ep y de la Fuerza Pública, sin perjuicio de la aplicación del principio de conexidad por hechos, víctimas y presuntos responsables”.

La versión del general Del Río es clave en este expediente puesto que la Brigada que comandó entre el 1 de diciembre de 1996 y el 19 de agosto de 1998 tuvo injerencia directa en estos municipios y adelantó operativos contra los grupos armados ilegales.

“(…) la situación territorial de Urabá investiga los hechos victimizantes ocurridos en 10 municipios bajo jurisdicción de la Brigada XVII y todos los presuntos responsables bien sean comparecientes voluntarios u obligatorios del sistema y nueve tipos de conducta, incluidos “crímenes de masa”.

En el estudio de este expediente ya se realizaron 26 diligencias de versión voluntaria en las fueron escuchados exintefgrantes de la fuerza pública y exmiembros de la guerrilla de las Farc.

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El general en retiro, quien en su momento fue conocido como ‘el pacificador del Urabá’ fue sentenciado en 2013 por un juez especializado de Bogotá a 25 años de prisión por su participación en el homicidio de un líder sindical del Chocó, ejecutado por grupos paramilitares.

Cinco años después, el excomandante se sometió a la JEP comprometiéndose a entregar información sobre los hechos que rodearon el conflicto armado, principalmente en las zonas donde tuvo mando.