Generales Del Río y Uscátegui, vinculados en la JEP por genocidio de la UP

La sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advirtió que miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares son responsables del exterminio de la Unión Patriótica. 

Entre ellos están generales del Ejército como Rito Alejo del Río, Jaime Uscátegui y, probablemente, el general Miguel Maza Márquez, quienes actuaron a través de diferentes alianzas criminales público-privadas.

La JEP abrió el caso No. 006, denominado "Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado", a partir del Informe No. 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación.

En un comunicado, ese organismo señala que tomó esta decisión a partir de otros dos informes: "¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional", de la Corporación Reiniciar, y "Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002", del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

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La JEP cita un informe de la Fiscalía, según el cual 1.620 dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP fueron victimizados desde 1984, mientras que para la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica aseguran que son más de 6.000 víctimas.

“El informe de la Fiscalía General de la Nación entregado a la JEP establece un universo de 1.620 víctimas de la UP. Por su parte, la Corporación Reiniciar identificó 6.613 víctimas, entre 1984 al 2002, que corresponde a un total de 9.359 violaciones (esto debido a que una víctima puede haber sufrido más de un hecho victimizante)”, precisa el informe de la JEP.

Por su parte, el CNMH estima este universo en 6.201 para el mismo período: documentó 4.153 víctimas de la UP asesinadas, desaparecidas o secuestradas, en hechos ocurridos entre mayo de 1984 y diciembre de 2002.

Señala, además, que entre ellas "3.122 fueron víctimas de asesinatos selectivos, 544 lo fueron de desaparición forzada, 478 fueron víctimas de asesinatos en masacres, cuatro secuestradas y tres más en otras modalidades de violencia".

Los tres informes analizados identifican que los principales hechos victimizantes contra integrantes de la Unión Patriótica se concentraron en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1988; en Urabá, entre 1986 y 1998; Meta, entre 1988 y 1992; Costa Caribe, entre 1996 y 2002; en el nororiente y nordeste antioqueño y el sur del país.

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Según la Fiscalía "el fenómeno se dio en, por lo menos, 27 departamentos". Y, como lo señala el Centro Nacional de Memoria Histórica, la violencia contra los miembros de la UP se presentó en 367 municipios, de los cuales 40 "concentran el 63,4 por ciento de las víctimas. Es decir, dos de cada tres".

La Sala advierte que los informes señalan como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, agentes del Estado, terceros civiles y grupos paramilitares que actuaron a través de diferentes alianzas criminales público-privadas.

La Sala estableció que 16 miembros de la fuerza pública se han acogido a la JEP, expresamente por hechos relacionados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP.

Entre estos se encuentran un brigadier general, tres mayores, un capitán, un teniente, un subteniente, dos sargentos viceprimeros, tres sargentos segundos, un cabo segundo, dos soldados profesionales y un agente de inteligencia.