Gobernador de San Andrés señala que proceso en su contra busca justificar viaje del fiscal
Everth Hawkins es investigado por supuestas irregularidades en un contrato por 86 millones de pesos
El detenido gobernador de San Andrés, Everth Hawkins, calificó como retaliación y persecución política el proceso penal en su contra, por supuestas irregularidades en un contrato por 86 millones de pesos.
A través de un video que emitió después de la decisión judicial que lo mantiene detenido, dijo que las investigaciones en su contra habrían iniciado después del escándalo que rodeó al fiscal general y al Contralor, por su viaje a la isla.
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“Desde que el señor fiscal Barbosa llegó a San Andrés empezó mi martirio, porque al día siguiente que le sacan el escándalo, empezó a buscar como tumbar al gobernador de San Andrés para justificar su llega a la isla”, dijo el funcionario.
Cabe recordar que el viaje de los altos funcionarios junto con algunos miembros de su familia, se registró en plena pandemia por el coronavirus, entre el 26 y 29 de junio.
El fiscal general, Francisco Barbosa, se trasladó a la isla con su esposa, su hija y una amiga de su hija, mientras que el contralor Felipe Córdoba también llevó a su esposa.
El fiscal Barbosa siempre ha rechazado las acusaciones que lo señalan de haber realizado un paseo en plena pandemia, tras argumentar que el viaje fue de trabajo y que su familia no salió del hotel.
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De hecho, los dos funcionarios públicos aseguraron que el viaje buscaba hacerle frente a las denuncias que habían recibido en medio de la pandemia.
“El 31 de julio se quedan sin Hospital en San Andrés, en plena pandemia y entonces si no vamos nosotros ¡quién va a ir'. No fuimos en aviones privados como decían y especulaban en las redes sociales, fuimos en un avión público, que está claramente definido que es para el uso de los funcionarios públicos, que es el de la Fiscalía General”, puntualizó en ese momento el contralor, en medio de las criticas.
Sobre la detención del gobernador, los movimientos raizales de la isla han solicitado al presidente Iván Duque que nombre como encargado a un miembro del pueblo Raizal del Archipiélago, mientras que se resuelve la situación jurídica de Hawkins.