Impuesto solidario que bajó salarios a funcionarios, a examen jurídica

La Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrán que responder 14 preguntas sobre las consideración y cuatro artículos específicos del decreto.

Entre esas preguntas la Corte quiere saber ¿cuáles fueron los criterios para escoger al grupo de personas de “clase media vulnerable” a quienes va a ir dirigido parte del salario de los funcionarios públicos?

También se cuestionó, ¿Cómo se distingue a los trabajadores informales que serán beneficiados, de los trabajadores informales que integran la población vulnerable que es atendida con otras medidas?.

Para la Corte tampoco está claro ¿Cuál será el monto esperado por el recaudo del impuesto solidario por la Covid-19?, y los costos estimados de la inversión social que se financiará con el impuesto.

Sobre el artículo 2 del decreto, la Corte quiere explicaciones sobre por qué el decreto no incluye a los miembros de la Fuerza Pública, “ni a los trabajadores del sector privado y las personas naturales rentistas de capital, cuyos ingresos mensuales por salarios o rentas de capital son iguales o superiores a 10 millones de pesos”.

Sobre el articulo 3 la Corte preguntó ¿Por qué se incluyeron únicamente pensionados que reciben una sola prestación económica (megapensiones) y no aquellos que perciben ingresos mensuales iguales o superiores a 10 millones de pesos?

Según el decreto la medida empezó a regir desde el primero de mayo y va hasta el 31 de julio, los dineros que se recauden de ese impuesto serán destinados a inversión social en la clase media vulnerable y en los trabajadores informales.