JEP abre macrocaso sobre violencia sexual por parte de los exFarc y la Fuerza Pública

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrieron el macrocaso número 11 con el fin de priorizar las investigaciones por violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, cometidas en el marco del conflicto armado colombiano.

Se trata de graves hechos que habrían sido perpetrados por exguerrilleros de las antiguas Farc y miembros de la fuerza pública.

De acuerdo con los registros de la Sala de Reconocimiento de la JEP, se tiene un reporte de casos documentados que asciende a los 35.178, cometidos por parte de todos los actores armados entre los años de 1957 y 2016.

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La magistrada Lili Rueda explicó que dada la magnitud del subregistro de casos, se hizo un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos y de víctimas que se consideren afectados por estos graves hechos, para que acudan ante este tribunal para poder documentar cada situación.

De igual forma, señaló que del universo de víctimas el 89,2 % son mujeres y el 35% sufrieron la violencia cuando eran menores de edad.

También se estableció que el 33% de los relatos señalan crímenes cometidos contra personas con orientación sexual, identidad o expresión de género diversa, principalmente hombres gays, mujeres lesbianas y personas trans.

En los casos atribuibles a las antiguas Farc se identificaron dos modalidades de estos crímenes. Por una parte, los que se cometieron para castigar o “corregir” y por otra, los dirigidos a eliminar o expulsar del territorio. 

Igualmente, la JEP estableció que el 67% de los relatos analizados corresponden a crímenes contra niñas, adolescentes y mujeres de la población civil, motivados por el sexo de la víctima, es decir, “por el hecho de ser mujeres”.

Asimismo, se encontraron hechos en los que la violencia sexual fue usada como castigo contra mujeres que se rebelaron a las órdenes de las extintas Farc contra mujeres buscadoras de personas desaparecidas o como represalia contra sus padres, compañeros o jefes, considerados enemigos.

En torno a los casos que se le atribuyen a miembros de la Fuerza Pública se encontró que caso de violencia sexual fue cometido por “el hecho de ser mujeres”, quienes en su mayoría siendo apenas unas niñas eran retenidas mientras transitaban por caminos o estaban en zonas urbanas. 

Los magistrados documentaron que tras la retención, las víctimas eran golpeadas, obligadas a desnudarse o a vestir de determinada forma, torturadas o violadas y amenazas de muerte en caso de que denunciaran la agresión ante otras autoridades. 

En un 17% de los relatos, la violencia ocurrió con la finalidad de someter, perseguir, estigmatizar y eliminar a las víctimas, debido a su orientación, identidad o expresión de género diversa.

La JEP también indagará casos de violencia sexual al interior de la Fuerza Pública cuyas víctimas en su mayoría son hombres jóvenes, entre los 18 y 23 años de edad, muchos de los cuales se encontraban prestando el servicio militar, atribuibles al Ejército y la Policía.

Con relación a los casos registrados al interior de las Farc, se identificó que en su mayoría las víctimas son mujeres jóvenes entre los 18 y 29 años, principalmente registrados en el Bloque Oriental y el Comando Conjunto Central.

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A su turno, el magistrado Óscar Parra anunció que en el caso de la miembros de la Fuerza Pública se prepara un primer llamado a rendir versión a integrantes de un total de 20 Unidades tácticas del Ejército Nacional, que hacen parte de las divisiones Primera, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima.

La JEP añadió que en referencia a las antiguas Farc, se pudo identificar un listado de presuntos autores, la mayoría identificados solo por su nombre de guerra, y se encuentra en proceso de establecer sus verdaderas identidades.

Las cifras de la JEP señalan que han sido registrados 35.178 víctimas de esos crímenes por parte de todos los actores armados, entre 1957 y 2016.