JEP imputa crímenes de guerra a 28 militares por más de 600 falsos positivos

Los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputaron crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 28 militares, entre ellos cinco generales como máximos responsables de un total 604  crímenes cuyos casos fueron presentados como falsos positivos’ en la Costa Caribe.

Para adoptar esta decisión la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP examinó una muestra representativa de las bajas reportadas por 19 unidades militares en la Costa Caribe entre 2002 y 2008. 

En el marco de estas labores hizo una minuciosa revisión de 796 muertes reportadas como resultados operacionales, de las cuales 604, casi el 76%, resultaron ilegales.

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Junto a los generales fueron imputados siete coroneles, incluido William Hernán Peña Forero, quien fue comandante de la XI Brigada entre 2006 y 2007. 

Además, se les atribuyó responsabilidad a otros 16 oficiales y suboficiales por su liderazgo en la implementación de la política o por su participación determinante en los crímenes. 

Según la JEP además de estas 604 víctimas, la sala documentó el asesinato de otras 13 personas, las cuales fueron presentadas falsamente como bajas en combate fuera del período priorizado, es decir, antes del 2002 o con posterioridad a 2008. 

El magistrado Óscar Parra indicó que entre las víctimas hay un adolescente asesinado en 1995, a quien los militares “le explotaron una granada en la cabeza para luego exhibir su cuerpo por las calles de San Pablo, Bolívar, y presentarlo como guerrillero dado de baja en combate”.

De acuerdo con el expediente de la JEP: “Los generales involucrados fueron declarados máximos responsables por propagar el fenómeno de asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate”.

Entre las 604 víctimas documentadas entre 2002 y 2008 hay 31 indígenas de los pueblos wiwa, wayú y kankuamo, 26 niños y niñas, y 14 mujeres, una de las cuales se encontraba en embarazo. A la fecha, 122 víctimas aún no han sido identificadas. 

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“La investigación reveló que los Pueblos Indígenas sufrieron un daño desproporcionado y diferenciado, lo que causó su desarraigo y el desplazamiento forzado de sus territorios. Esto comprometió su seguridad alimentaria y afectó gravemente su tejido social y económico”, agregó el magistrado Parra.