JEP pide recolectar ADN de familiares de víctimas de desaparición forzada en Medellín

En el marco de las medidas cautelares de protección que la Jurisdicción Especial de Paz dictó sobre los cuerpos hallados en la Universidad de Antioquia, los magistrados le solicitaron a la Alcaldía de Medellín consolidar las bases de datos que permitan empezar a recopilar el ADN de los familiares de las víctimas de la Comuna 13. 

Asimismo, se solicitó a la Alcaldía de Medellín realizar reuniones de planeación con autoridades municipales, departamentales y víctimas, además de convocar jornadas de toma de muestras tan pronto como la pandemia lo permita. 

De acuerdo con la JEP el objetivo es,  “promover la participación de las víctimas y sus organizaciones en todas las fases del proceso de búsqueda, localización, recuperación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado”. 

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La decisión de los magistrados señala que,  “la Alcaldía de Medellín debe contribuir con toda la información que posea y resulte útil para consolidar los listados de víctimas, especialmente en primer grado civil o de consanguinidad, así como a sus cónyuges o compañeros permanentes, a fin de informales sobre el proceso y garantizar sus derechos”.

Los expertos explicaron que a través de esta vía,  el ADN se podrá someter a estudios forenses que inicialmente permitan cotejarlos con los 59 cuerpos recuperados del Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. 

Por su parte, la JEP compartirá tanto la base de datos consolidada y actualizada hasta la fecha, así como la propuesta presentada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas como Desaparecidas.

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A la fecha los registros de las autoridades indican que en la Comuna 13 hay 459 posibles víctimas de desaparición forzada entre los años 1978 y 2016, 327 de las cuales ya se tiene información completa o avanzada. 

Sin embargo, existen 612 casos adicionales aportados por la Fiscalía General de la Nación sobre los que la información no ha sido completamente verificada, por lo que se calcula que en total serían 1.071 víctimas.