Johanna
Ramírez Gil
En esta Nota:
Juez define si revoca o no medida contra señalados por caso de corrupción en el Ejército
Las irregularidades están relacionadas con procesos de contratación en papelería, ferretería y alimentación en la Cuarta Brigada.
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Actualizado:
Lunes, Octubre 21, 2019 - 10:48
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El Juzgado 29 Penal del Circuito de Medellín, con función de control de garantías, determinará este lunes a las cuatro de la tarde, si mantiene o revoca la medida de aseguramiento en centro carcelario contra un coronel retirado y dos contratistas, así como la detención domiciliaria contra cuatro militares y un particular, y la libertad de otra procesada.
Las nueve personas son investigadas por el escándalo de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército. Óscar David Santamaría, defensor del capitán Jonathan Bonilla, quien tiene detención domiciliaria, confió en que el juzgado permitirá que el alto oficial afronte el juicio en libertad.
El jurista señaló que tanto los abogados como la Fiscalía apelaron las medidas de aseguramiento contra los sindicados.
"No sabemos qué decisión va a tomar el juzgado hoy. Lo único que tenemos que decir es que esperamos que sea una decisión en justicia y derecho (...). Apelamos la medida porque consideramos que no fue una decisión en derecho y que fue desproporcionada, por parte del juez 30 con función de control de garantías, en su momento", señaló.
En centro carcelario permanecen el exjefe del Batallón de Servicios de la Cuarta Brigada, Harold Páez Roa, y los contratistas Samir García y el capitán retirado Guerly Carrera.
En su lugar de domicilio están, el contratista Jaime Ramírez, el mayor activo Edwin Carrillo, el sargento John Henry Rodríguez, el capitán Jonathan Bonilla y coronel Alexander Carvajal. Mientras que la contratista Ana Lucía Posada está en libertad.
¿En qué va la investigación?
Las irregularidades están relacionadas con procesos de contratación en papelería, ferretería y alimentación en la Cuarta Brigada de la institución castrense.
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El CTI logró establecer que a varias empresas les habrían entregado información privilegiada para que se quedaran con los contratos, a cambio de entregar el 10 % de dichos convenios.
Las denuncias recibidas por la Fiscalía General, además, indican que los recursos comprometidos tenían como destino el mantenimiento de vehículos y la compra de combustible, pero presuntamente fueron empleados para otros fines. Cabe recordar que ninguno de los procesados se allanó a cargos.
Fuente:
Sistema Integrado de Información
