Liliana Pardo, exdirectora del IDU, condenada a 22 años de cárcel

La jueza décima penal especializada de Bogotá condenó a 22 años, cinco meses y siete días de cárcel a Liliana Pardo Gaona, exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), por el desfalco con el 'carrusel' de contratos en la capital.

La exfuncionaria, además, fue inhabilitada por 20 años para ejercer cargos públicos.

Pardo estuvo a cargo del IDU entre 2007 y 2009, durante la administración de Samuel Moreno, que paga una condena de 24 años de prisión por hacer parte del entramado de corrupción en la adjudicación de un contrato de ambulancias.

Los delitos por los que fue condenada son peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

La jueza, además, sentenció a 13 años de prisión al excontralor de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi y lo inhabilitó por ocho años para ejercer cargos públicos. Moralesrussi fue condenado por el delito de concusión.

La exdirectora del IDU y el excontralor, dice la Fiscalía, recibieron dinero de los anticipos para los contratos de la fase III de Transmilenio por la calle 26, así como una comisión superior a los 300 millones de pesos para beneficiar al contratista del servicio de ambulancias para Bogotá, proceso por el que fue condenado Samuel Moreno.

Además, Moralesrussi y Pardo tuvieron participación directa con la petición de millonarios sobornos para entregar contratos viales al Grupo Nule y otros contratistas en Bogotá, entre los que se encontraban la reparación de la malla vial, las obras de valorización y una parte de la fase III de Transmilenio, indicó el fiscal del caso.

En el caso de la exdirectora del IDU, se señala que interfirió en la modificación del pliego de condiciones, durante el proceso de licitación pública, con el único fin de beneficiar a las empresas de los primos Miguel, Manuel y Guido Nule.

En el caso del excontralor, se asegura que, a cambio de una comisión, decidió no hacer control a la ejecución de los contratos viales.

Para la Fiscalía, estos hechos revisten una gravedad absoluta puesto que desfalcaron al Distrito y afectaron la calidad de vida de millones de bogotanos, esto debido a las demoras en la ejecución de las obras viales. Igualmente, se evidencia que burlaron la ley de contratación.