Llaman a juicio disciplinario a dos altos funcionarios del Gobierno por nombramiento de embajador en México

La Procuraduría formuló pliego de cargos al ministro de Ciencia Arturo Luis Luna Tapia y al director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Augusto Manrique, por presuntas irregularidades en el nombramiento de Álvaro Moisés Ninco Daza como embajador en México.

La Sala Disciplinaria de Instrucción estableció que, al parecer, los funcionarios habrían recomendado al presidente de la República autorizar la compensación excepcional de requisitos para lograr el nombramiento de Ninco Daza.

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Según el organismo, con esa autorización se hizo el nombramiento sin que el servidor nombrado para el cargo acreditara una experiencia sobresaliente en el desempeño de una disciplina, ocupación, arte u oficio.

La Procuraduría señaló que el ministro y el director pudieron quebrantar los principios de moralidad e igualdad, por lo que de manera provisional calificó la presunta conducta de los dos como falta grave cometida a título de dolo. 

Este proceso inició con una indagación previa que fue abierta en febrero de este año, en la que, además de vincular al ministro Luna y a Augusto Manrique, también aparecía mencionada en el auto la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya. 

En el auto de la apertura de esa indagación, la Procuraduría aclaró que Montoya al parecer se apartó del concepto de los otros miembros de la Comisión, al manifestar que no encontraba suficiente mérito en los estudios universitarios no terminados de Ninco Daza.

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Además, la rectora aseguró que la experiencia laboral del actual embajador no era la indicada para el papel fundamental que asumiría, si se tiene en cuenta la responsabilidad con México y la importancia como aliado comercial, político, económico y cultural, entre otros.

Ante estas consideraciones, finalmente el organismo decidió desvincular a Dolly Montoya del proceso disciplinario y llamar a juicio al ministro de Ciencias y al director del departamento de Función Pública para que respondan por los señalamientos.