Luis Fernando Andrade, procesado por caso Odebrecht, salió del país

Luis Fernando Andrade, el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y procesado por el caso Odebrecht, salió del país en las últimas horas.

Según informó su abogado defensor Jesús Albeiro Yepes, Andrade salió de Colombia para atender asuntos personales y para buscar seguridad, pues ha argumentado que ha sido objeto de seguimientos.

Andrade tenía que asistir este martes a una audiencia preparatoria para el juicio en su contra por el escándalo sobre el pago de sobornos de Odebrecht, pero no se presentó. En cambio, envió una notificación que su abogado.

Yepes manifestó que Andrade le envió un correo electrónico pidiéndole que le informara al juez que lleva su caso, de su ausencia en esa diligencia.

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El pasado 4 de diciembre, al ex presidente de la ANI se le concedió la libertad por parte del juez 10 de garantías, después de permanecer un año en detención domiciliaria. En ese momento, el juez no le impuso restricción de movilidad por lo que su salida del país no sería irregular.

La Fiscalía tampoco se opuso en esa audiencia a que se le concediera la libertad y señaló que la medida de casa por cárcel que pesaba sobre él ya había cumplido su objetivo, que era recaudar pruebas para el proceso.

Andrade tiene doble nacionalidad, la colombiana y la estadounidense, por lo que se presume que está en los Estados Unidos acompañado de toda su familia.  

El abogado Yepes indicó hace algunos días que el expresidente de la ANI se mantiene en una situación extrema de estrés, sobre todo después de conocerse la noticia sobre la muerte del principal testigo de los sobornos, Jorge Pizano.

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 Aseguró que mientras estuvo en detención domiciliaria, fue objeto de “control y seguimiento a través de antenas externas, que estaban espiando sus comunicaciones, drones rondando su casa y visitas a altas horas de la noche para impedir que él de declaraciones”.

La Fiscalía acusa a Andrade de utilizar su  cargo como director de la ANI para favorecer los intereses de la concesionaria Ruta del Sol, integrada  por Odebrecht, Episol (de Corficolombiana) y CSS Constructores. Específicamente en el caso de la adjudicación del otrosí del tramo Ocaña-Gamarra por el cual se habrían pagado más de $80.000 millones en sobornos.