Más de 600 investigaciones se adelantan en Fiscalía por violación de medidas sanitarias

Los fiscales delegados e investigadores de policía judicial reportaron que a 629 se elevaron las investigaciones penales que se adelantan por casos sobre presunto incumplimiento de las disposiciones sanitarias y otras conductas asociadas a las medidas decretadas por el Gobierno para mitigar la propagación del coronavirus.

Este informe fue revelado poco después de que la Fiscalía General decidirá iniciar una investigación contra la alcaldesa de Bogota Claudia López, por presuntamente violar el aislamiento obligatorio tras salir a hacer mercado junto con su esposa, la senadora Angélica Lozano.

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Desde que el Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, la Fiscalía General de la Nación asumió labores especiales de seguimiento y verificación del cumplimiento de las medidas adoptadas para garantizar la atención de los colombianos.

El informe de la Fiscalía General, conocido por LA FM  también se destaca que a la fecha ese organismo ha avanzado en la verificación de un total de 800 denuncias ciudadanas que han sido realizadas por presuntamente violar el aislamiento preventivo obligatorio decretado por las autoridades competentes.

Según los registros de los investigadores de Policía, las personas judicializadas en estos casos han sido afectadas con imputación de cargos y recibieron medidas de aseguramiento de detención domiciliaria.

Asimismo, estos casos conocidos por la Fiscalía General durante el estado de emergencia están relacionados principalmente con los delitos de violación de medida sanitaria, propagación de epidemia, pánico, amenazas y falsedad ideológica en documento público.

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En atención a la gravedad de los delitos los responsables en estas conductas ilícitas se podrían exponer a penas de entre los cuatro y los diez años de prisión.

Respecto a las personas cobijadas con medida de aseguramiento, la Fiscalía General solicitó a las autoridades penitenciarias revisar su estado de salud para  garantizar que estén en buenas condiciones antes de realizar el traslado al lugar de detención definido por los jueces de garantías.