Obispo de Quibdó acusó al Gobierno Nacional por no responder a la crisis de derechos humanos

Monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo de Quibdó, hizo graves acusaciones contra el Gobierno Nacional  por no responder a la crisis de derechos humanos y humanitaria en el  Chocó y el Occidente de Antioquia. 

Monseñor señaló que "el Estado colombiano y el Gobierno actual, permanecen indiferentes y sin empatía social,  denuncio la ineficacia de la presencia de la Fuerza Pública para un adecuado control territorial, que en algunos casos se configura en claras situaciones de connivencia con el Clan del Golfo".

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En un informe presentado por la iglesia católica luego de haber realizado seis misiones humanitarias durante el 2021 en el Chocó y el occidente de Antioquia en conjunto con organizaciones étnicas, de derechos humanos y víctimas, se presentaron 11 hallazgos: control territorial por parte de los grupos armados ilegales, asesinatos selectivos,  amenazas a líderes y comunidades, limitación de la movilidad y la productividad, violación de la autonomía territorial , desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, violencia sexual basada en género, reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, suicidios, especialmente en contextos de comunidades indígenas.

Víctor Carpio delegado de la Mesa Departamental de pueblos indígenas denunció que ante las presiones, reclutamiento y violación de niñas, por lo menos 300 niños y jóvenes de sus comunidades se han suicidado.

Otros hallazgos de las Misiones Humanitarias en el Chocó y Occidente de Antioquia son la instalación de minas antipersonal en campos de cultivos, enfrentamiento entre actores armados, especialmente entre el ELN y el Clan del Golfo; “aunque también empieza a verse una presencia incipiente de las disidencias de las Farc”.

“La disputa territorial se centra en el control de las rutas del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el tráfico de armas y el posicionamiento frente a actuales y futuros megaproyectos", señala el comunicado de la iglesia y de las organizaciones sociales.

Finalmente, se denuncia “el abandono estatal en todos los niveles e instancias, pues el Estado colombiano no garantiza derechos básicos en materia de acceso a la salud, educación, formal e informal, condiciones de trabajo digno, seguridad social vivienda culturalmente a apropiada, productividad, comercialización, recreación y deporte, soberanía”.

La iglesia y los voceros de las comunidades afirman que el Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc no se ha sentido en el Chocó, ni en el occidente de Antioquia porque desde la firma en el 2016  hasta la fecha (noviembre 2021), “los territorios y las comunidades campesinas, negras e indígenas del Chocó y del Occidente de Antioquia han continuado en la dinámica del conflicto armado, el cual, después de la dejación de armas de las FARC, se ha reconfigurado. En los territorios se hace evidente una paz que no llegó y un conflicto que, en algunas regiones, está poniendo al límite la existencia misma de estas comunidades”.

El informe de las Misiones Humanitarias cuestiona “la ineficacia de la presencia de la Fuerza Pública para un adecuado control territorial, que en algunos casos se configura en claras situaciones de connivencia con el Clan del Golfo” y afirma que “la violencia urbana que afecta a personas jóvenes, niños, niñas y adolescentes, especialmente en Quibdó, teniendo en cuenta que en lo corrido del año 2021, han asesinados aproximadamente 156 jóvenes”.

Ante la crisis humanitaria las Misiones Humanitarias hicieron varias solicitudes urgentes señalando que “el clamor de las comunidades no ha sido escuchado y por lo tanto exigen  a los  actores armados “el respeto irrestricto a normas de DIDH, al DIH y al consuetudinario y a respetar a las autoridades étnicas y su ejercicio de gobierno propio”.

“Al Gobierno colombiano exigimos con urgencia retomar la vía del diálogo y la negociación política con todos los grupos armados ilegales que hacen presencia en el territorio nacional y en especial en los territorios de comunidades campesinas, negras e indígenas”, señalan. 

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Así mismo piden que “por ser el derecho a la paz un mandato constitucional, exigimos a las partes que se logre la reactivación urgente de la Mesa de Diálogos con el ELN, con criterios de verdad y de coherencia, estableciendo un Cese Bilateral al Fuego, y asumiendo la propuesta del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó”.

También le piden al estado colombiano “que garantice el derecho a la libre movilidad y a la seguridad integral a lideresas, líderes, comunidades y organizaciones en los territorios”  y  garantizar “el derecho fundamental al mínimo vital de todas las personas desplazadas y confinadas, mediante la entrega de atención humanitaria adecuada y con enfoque de género y diferencial”.

Finalmente le piden al presidente Iván Duque que convoque lo más pronto posible a la Comisión Intersectorial para el Departamento del Chocó, “la cual tiene como objeto coordinar y articular las acciones de las diferentes entidades del Gobierno nacional que permitan focalizar esfuerzos orientados a fortalecer y solucionar las deficiencias que se tienen para superar la situación humanitaria, social, económica y ambiental que enfrenta el Departamento del Chocó en el corto, mediano y largo plazo”.