Petro no tendrá que pagar millonaria multa por bajar las tarifas de TransMilenio

El Consejo de Estado dejó en firme el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió la millonaria multa que le impuso la Contraloría Distrital a Gustavo Petro por no subir las tarifas de Transmilenio cuando fungió como Alcalde Mayor de Bogotá.

El alto tribunal determinó que hubo una violación al debido proceso al momento de imponer un juicio de responsabilidad fiscal contra Petro.

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“El organismo demandado debió ceñirse a las presunciones previstas por el artículo 118 de la Ley 1474 de 2011, pues se insiste, aquellas fueron las señaladas por el Congreso de la República para el juicio de responsabilidad fiscal y, por lo tanto, son de obligatoria observancia en ese trámite administrativo, por parte de las entidades que ejercen el control fiscal; en ese sentido, la abierta desatención en el presente asunto por la Contraloría Distrital de Bogotá configuró la violación a los principios del debido proceso y de legalidad que de ningún modo la Sala en esta instancia puede pasar por alto”, precisa el fallo del Consejo de Estado.

Esa multa. que rodeaba los 217.000 millones de pesos, la impuso la Contraloría cuando Juan Carlos Granados Becerra -investigado por el escándalo de Odebrecht-, era contralor de Bogotá. 

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En ese momento, el órgano de control fiscal determinó que el exmandatario afectó y generó un detrimento patrimonial a la capital.

A través de su cuenta de Twitter, Petro anunció el fallo a su favor.

El Consejo de Estado, en segunda instancia, ratifica al tribunal administrativo de Cundinamarca y ordena suspender a la Contraloría distrital, la multa por 217.000 millones de pesos que me impuso por no subir las tarifas de transmilenio.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 26, 2021

Petro ganó otro pleito contra el Estado, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la sanción que le impuso la Procuraduría por el cambio de operador para la recolección de basura en la capital.

Ese organismo internacional determinó responsable a Colombia por esa decisión que se tomó cuando Alejandro Ordóñez  Maldonado era procurador General de la Nación.