Por corrupción en contratos del PAE imputarán nuevos cargos al gobernador del Cesar

La Fiscalía General de la Nación anunció una segunda imputación de cargos en contra del gobernador del departamento del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por su presunta responsabilidad en graves irregularidades detectadas en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Esta decisión fue adoptada por parte de umn Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia que solicitó audiencia para llevar a cabo la respectiva formulación de imputación y de medida de aseguramiento de detención domiciliaria en contra del gobernador del Cesar.

Teniendo en cuenta los elementos de prueba y otras evidencias recolectadas por los investigadores de policía judicial, el fiscal delegada a cargo de este proceso advirtió que Monsalve Gnecco deberá responder  por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de coautor.

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Según los investigadores, en este nuevo proceso se logró evidenciar que Monsalve Gnecco, en su primer período como gobernador del departamento, entre los años 2012 y 2015, al parecer habría participado en irregularidades en la firma del contrato de este programa de alimentación escolar.

"El material de prueba daría cuenta que este contrato, firmado en el primer semestre de 2015, habría violado los principios de transparencia, selección objetiva, entre otros requisitos de la contratación pública en el país", indicó la Fiscalía General.

En desarrollo de los análisis de documentos contables y otras pruebas técnicas se estableció que presuntamente no se realizaron los estudios previos; además, los pliegos de condiciones no estaban ajustados al objeto contractual.

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Estas actuaciones irregulares habrían generado la apropiación indebida de dineros públicos a favor de terceros por más de 2.900 millones de pesos.

"Otra de las irregularidades que logró detectar la Fiscalía fue la posible falta de seguimiento y control al contrato, hecho que vulneró los derechos de los estudiantes de colegios públicos del departamento", añadieron los investigadores.