Procuraduría pone la lupa en Bolívar por contratos para financistas de campaña

La Procuraduría General de la Nación dio a conocer los procesos disciplinarios que se han avanzado durante los meses que lleva la emergencia sanitaria.

Dentro de dichas actuaciones, estaría incluido el departamento de Bolívar con más de 20 procesos por presuntas irregularidades.

Según el procurador Fernando Carrillo, atendiendo las denuncias para establecer posibles hechos de corrupción por la adjudicación de contratos durante la emergencia sanitaria, a personas naturales o jurídicas, en el departamento también se investiga la entrega de contratos a quienes fueron financistas de campaña en Bolívar.

El Ministerio Público vigila preventivamente los contratos adjudicados a 117 financiadores de campañas, entre marzo 16 y mayo 25 del año 2020, por un valor que supera los $12.500 millones de pesos en varios departamentos, que incluye a Bolívar.

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La contratación en el departamento de Bolívar ha sido altamente cuestionada por la Red de Veedurías por Colombia representado por Pablo Bustos, quien alertó sobre el contrato suscrito con la empresa Salud Segura R y L S.A.S., representada por Carlos Andrés Rodríguez Arana, por valor de $435.301.024, con el objeto de suministrar elementos de bioseguridad.

“Había un conocimiento del gobernador de Bolívar que este contrato estaría relacionado con el familiar del presidente de la Asamblea departamental, y si se trató de un favor al presidente de la asamblea con estos recursos, estos representaría otro tipo de investigaciones, de manera abierta estaría pagándose favores políticos”, dijo el veedor Pablo Bustos.

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Además, este contratista también es familiar de un congresista, quien participó en la campaña política del gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff.

“El gobernador no desconocía que el contratista es primo hermano del congresista Yamil Arana Padauí, representante a la Cámara que fue formula de Nadia Blel, ellos participaron de la campaña de Blel Scaff”, añadió.

Este polémico contrato fue finalizado, por parte de la Gobernación de Bolívar, un mes después de su firma, luego que se descubrieran las irregularidades, según lo manifestado por el Secretario Jurídico de la institución, de tal manera que se ordenó la respectiva liquidación.

Este proceso contractual podría ser uno de los cuestionados por parte de la Procuraduría General de la Nación