Roberto Prieto entutelará a jueces que ordenaron enviarlo a la cárcel

Roberto Prieto, exgerente de la campaña "Santos Presidente 2014", evalúa instaurar una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, en contra de los dos jueces de control de garantías de primera y segunda instancia que dictaron medida de aseguramiento en su contra y ordenaron mantenerlo recluido en prisión.

Así lo reveló a RCN Radio Marlón Díaz, abogado de Prieto, quien señaló que con esta acción judicial se buscará que se le otorgue la libertad inmediata a su cliente, al considerar que se le vulneró el debido proceso y que existió una falta de motivación para justificar la medida de aseguramiento.

"El objetivo es que se decrete la nulidad de la medida de aseguramiento por violársele al debido proceso, al considerar que existió una vía de hecho en estas decisiones", dijo el abogado Díaz. 

Asimismo, sostuvo que "la defensa considera que se incumplió por parte de la Judicatura, con la carga que tenía de sustentar adecuadamente esa detención".

Llamado a juicio

RCN Radio también conoció que la Fiscalía General de la Nación avanza en los últimos detalles para estructurar el escrito de acusación que radicará próximamente contra Roberto Prieto, por su presunta responsabilidad en actos de corrupción que rodearon el proceso de adjudicación del contrato de la Ruta del Sol III.

En la investigación formal que adelanta la Fiscalía, se le sindica de haber recurrido al tráfico de influencias ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III, en la construcción del Puente Plato (Magdalena).

La prisión de Prieto

Actualmente Roberto Prieto permanece detenido en la cárcel Modelo de Bogotá, luego de que el pasado 17 de julio un juez en segunda instancia le negara la solicitud de libertad al considerar que existe un riesgo de obstrucción a la justicia. 

En desarrollo de este proceso, la Fiscalía tiene en su poder toda una serie de interceptaciones telefónicas que de acuerdo con los investigadores han servido para soportar las sindicaciones contra Prieto.

Los delitos 

Prieto Uribe es investigado por los delitos tráfico de influencias de particulares, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y falso testimonio.

No obstante, frente a este último delito, el juez de primera instancia señaló que no se demostró que Roberto Prieto haya mentido en 2017 al afirmar en declaraciones ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara y la Procuraduría, que Odebrecht no había aportado dinero a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en los años 2010 y 2014.

De otra parte, el juez dijo que la Fiscalía sí probó la inferencia razonable de la presunta responsabilidad de Prieto en los otros cuatro delitos imputados por la Fiscalía.

El funcionario judicial aseguró que con base en las pruebas aportadas en la audiencia, no encuentra evidencia de un incremento por parte de Prieto en 650 millones de pesos, pero sí en un monto que alcanzó los $330 millones.

Cabe mencionar que a lo largo de todo el proceso, Prieto no ha aceptado ninguno de los cargos por los que es investigado e insistió en declararse inocente. 

El caso de los afiches

La Fiscalía General archivó recientemente la investigación que adelantaba contra Roberto Prieto, por el presunto pago hecho por Odebrecht para la compra de dos millones de afiches en el marco de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2010. 

En su determinación, la Fiscalía consideró que existe evidencia que Odebrecht envío 400 mil dólares para que se diseñaran y realizaran estos afiches, lo que representó un aumento considerable en las finanzas de la campaña.

Sin embargo, el fiscal delegado ante la Corte determinó que para la época de los hechos no estaba tipificado como un delito la violación de los topes de las campañas presidenciales y archivó también la investigación a favor de Santiago Rojas, exgerente de la campaña "Santos Presidente", al igual que contra Aracely Rojas Salinas, auditora de la misma. 

De acuerdo con la Fiscalía, no fue hasta 2017 que se tipificó como ley la superación de los topes de las campañas.